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La designación de ministros en Colombia: el caso del ministro de Educación bajo un gobierno alternativo

The Appointment of Ministers in Colombia: The Case of the Minister of Education under an Alternative Government

El presente artículo examina los criterios utilizados para nombrar ministros en Colombia, en el contexto de la reciente controversia sobre el nuevo ministro de Educación. Las críticas provenientes de sectores políticos y mediáticos argumentan que el perfil del nominado no cumple los requisitos para el cargo y no se ajusta al nivel esperado para gestionar esta cartera. Se busca responder a cuatro preguntas: ¿cuáles son los criterios para nombrar un ministro en Colombia?, ¿cuáles son las lógicas y criterios que subyacen al nombramiento de los ministros en un gobierno progresista, ¿qué tan legítimas son las críticas al nombramiento del ministro de Educación? y ¿cómo puede afectar este nombramiento el desempeño público, la confianza en las instituciones y la agenda pública educativa? Tales cuestiones exigen revisar y analizar los antecedentes y prácticas en otros países que diluciden el proceso de selección de ministros en Colombia. La metodología se basa en la revisión de textos y artículos de revistas especializadas y columnas de prensa.

Palabras claves: forma de gobierno, ministro, Ministerio de Educación, perfil profesional

This article examines the criteria used for appointing ministers in Colombia, in the context of the recent controversy surrounding the new Minister of Education. Criticism from political and media sectors argues that the nominee’s profile does not meet the requirements for the position and falls short of the expected standards to lead this ministry. The article seeks to answer four questions: What are the criteria for appointing a minister in Colombia? What are the underlying logics and criteria for appointing ministers in a “progressive” government? How legitimate are the criticisms of the appointment of the Minister of Education? And how might this appointment affect public performance, trust in institutions, and the public education agenda? These issues call for a review and analysis of precedents and practices in other countries that may shed light on the ministerial selection process in Colombia. The methodology is based on a review of texts and articles from academic journals and newspaper opinion columns.

Keywords: Form of government, minister, Ministry of Education, professional profile

El ministro es un funcionario oficial que forma parte del gobierno nacional dependiente del presidente o primer ministro. Su rol consiste en ser responsable de un área específica de interés público que debe ser gestionado por el gobierno de un Estado. Desde una perspectiva institucional, el ministro ocupa un cargo híbrido: es político por ser miembro del Gobierno y es administrativo por ser un alto funcionario encargado de dirigir y organizar los asuntos de su cartera ministerial.

El ministro actúa simultáneamente como consejero del presidente y como colaborador en las tareas administrativas, además de servir de intermediario en los asuntos relacionados con el servicio público.

Los ministros de Estado pertenecen al nivel más alto de la burocracia pública, porque ejercen la máxima autoridad administrativa en el ámbito específico de su cartera ministerial. Aunque sus cargos no son de elección popular, son considerados actores clave en la formulación de políticas públicas de cada Ministerio y, por ende, actúan como asesores del presidente debido a su experiencia e información técnica. Además, desempeñan el papel de negociadores del Ejecutivo ante el poder Legislativo y demás poderes públicos en el contexto de sus responsabilidades ministeriales.

En los regímenes presidencialistas, el presidente, actuando como jefe de gobierno, nombra a los ministros de acuerdo con la estructura ministerial, define quiénes ocuparán los ministerios e imparte los lineamientos en consonancia con sus competencias y funciones.

En Colombia el régimen político es presidencialista y por primera vez accede al cargo de presidente una política que no pertenece a los partidos tradicionales y se sitúa en una esfera ideológica a la que este prefiere denominar como progresista. Durante su campaña hizo algunas propuestas para mejorar el acceso a la educación y fortalecer las universidades públicas.

El Ministerio de Educación de Colombia fue creado en 1927, cuando el Ministerio de Instrucción y Salubridad Pública pasó a llamarse Ministerio de Educación Nacional, asumiendo funciones directamente relacionadas con el sector educativo. El primer ministro de Educación de Colombia fue José Vicente Huertas (Ministerio de Educación Nacional, 2010). En adelante los ministros han sido personas que provienen de los partidos tradicionales muchos de ellos con cierta formación académica.

En este gobierno ha habido a la fecha tres ministros de Educación. El nombramiento del primero, quien provenía del partido Liberal, fue bien recibido por sectores de la comunidad educativa vinculada con el sector privado y por algunos académicos y la mayoría de los medios de opinión, quienes alabaron su conocimiento sobre los temas sociales, su experiencia como rector universitario, investigador y columnista en los principales periódicos y revistas especializadas.

El nombramiento del nuevo ministro de Educación ha generado controversia y críticas provenientes de diversos sectores políticos y mediáticos. Dejando entrever cierta indulgencia con los ministros de Educación de los gobiernos anteriores y los dos anteriores de este Gobierno.

Entre las críticas se destacan las de algunas columnas de prensa; de políticos tradicionales y algunos exministros, quienes cuestionan las calidades y requisitos de la persona nombrada en este cargo.

En ese sentido, el propósito del presente artículo es ofrecer un acercamiento al nombramiento de los ministros en regímenes presidencialistas y su aplicación en Colombia, abordando los antecedentes históricos en la designación de este cargo. La problemática se centra en la discusión relacionada con la designación de los ministros por el presidente en un régimen presidencialista, la cual está regulada de manera general otorgándole la total discrecionalidad para nominarlos y removerlos sin la necesidad de concursos públicos. Esta selección puede estar influenciada por factores no meritocráticos ante la necesidad del ejecutivo central de contar con personas de su total confianza, lo que conlleva a nombramientos que están bajo la influencia del clientelismos y prácticas alejadas de una óptima gestión del talento humano. Además, generan dudas respecto de la idoneidad de los nombrados que puede afectar el desempeño de la gestión pública, mermar la confianza en las instituciones y afectar la implementación de la agenda pública.

El nombramiento del nuevo ministro de Educación ha generado cierta polémica no exenta de cuestionamientos porque es legal y habitual que el presidente nombre a sus ministros y solo en este periodo presidencial ha sido cuestionada con tanta vehemencia.

Por lo anterior, se examinan los criterios utilizados para nombrar ministros en Colombia, en el contexto de la reciente controversia sobre el nuevo ministro de Educación revisando las críticas provenientes de sectores políticos y mediáticos respecto del perfil del nominado, con el objetivo de contribuir mediante un acercamiento interpretativo en el contexto nacional al discurso relacionado con las calidades y aptitudes necesarias para ejercer este cargo.

Para cumplir con los propósitos expuestos propone desarrollar las siguientes preguntas: ¿cuáles son los criterios para nombrar un ministro en Colombia?, ¿cuáles son las lógicas y criterios que subyacen al nombramiento de los ministros en este gobierno progresista, ¿qué tan legítimas son las críticas al nombramiento del ministro de educación? y ¿cómo puede afectar este nombramiento el desempeño público, la confianza en las instituciones y la agenda pública educativa?

Para alcanzar estos objetivos, se revisarán y analizarán artículos especializados sobre el cargo de ministro, así como los artículos de medios de comunicación reconocidos que han registrado estos hechos.

El documento se estructura en cinco apartados. En el primero se presenta la introducción; el segundo reflexiona sobre la metodología; el tercero indaga los orígenes de los ministerios y ministros; el cuarto analiza los criterios para designar y nombrar los ministros conformando el gabinete ministerial; en el quinto se describen los hallazgos o resultados. Finalmente se presentan algunas conclusiones.

Los objetivos propuestos y las preguntas formuladas se abordaron desde un enfoque de tipo cualitativo que respondiera al interés de comprender las lógicas y criterios que subyacen al nombramiento de los ministros en un régimen presidencialista con un gobernante progresista y las razones por las cuales el nombramiento del ministro de Educación generó tantas críticas más allá de las calidades, requisitos y funciones que debe cumplir.

Por tal motivo se revisaron y analizaron artículos especializados sobre el cargo de ministro y las columnas y noticias de medios de comunicación reconocidos que cubrieron su designación.

Se aplicó una revisión bibliográfica a través de Scopus, Google Scholar, Web of Science, PubMed y Scielo, encontrando un total de 72 publicaciones académicas desde 2010 a 2025 relacionados con el objeto de estudio.

Para la selección de notas de prensa y columnas de opinión se tuvieron en cuenta las publicadas dentro de los primeros cinco días después del nombramiento del ministro en los principales diarios y portales del país: El Tiempo, El Espectador, La República, Semana e igualmente se visitaron portales especializados como La Silla Vacía, Razón Pública, Cuestión Pública y Vorágine.

Para identificar el perfil de los ministros observados se elaboró una matriz básica a partir de fuentes secundarias, especialmente del portal La Silla Vacía.

Los resultados de la revisión de publicaciones académicas permiten analizar los criterios en la conformación de los gabinetes en Europa y América Latina.

Según Casal Oubiña y Gómez Falagán (2022) las variables que más inciden en la asignación de los ministros en Italia son las personales, educativas, profesionales, además de otros parámetros centralistas y endogámicos en los espacios de reclutamiento. Para Semenova (2020) el reclutamiento ministerial en catorce países de Europa Central y del Este (ECE), obedece a varios criterios, pero enfatiza en la selección de ministros sin experiencia partidaria ni parlamentaria (outsiders). En Rodríguez Teruel (2009) el reclutamiento de ministros españoles depende de tres factores: i) la carrera político-administrativa realizada desde tres rutas de acceso: las instituciones políticas representativas, la administración y las organizaciones políticas y de intereses; ii) La afiliación partidista de los ministeriables. En la tesis de Cuevas Hernández (2017) se analiza la integración de los gabinetes ministeriales de España y México obedece da cuenta de la variabilidad de perfiles ministeriales tomando como criterios centrales las trayectorias previas, sus vínculos político-partidistas y el contexto de su nominación. Por último el texto de Cotta (2017) explora la presencia de los tecnócratas en la conformación de los gabinetes europeos y en el poder Ejecutivo.

Para el caso de América Latina destaca el texto de Benito Sánchez (2024), quien analiza los vínculos partidarios de los ministros en República Dominicana e identifica el peso de los partidos, las elites económicas y los perfiles técnicos en la conformación de los gabinetes. Chasqueti (2024) analiza la naturaleza partidista de los ministros en Uruguay durante el periodo 1985-2024, a partir de las condicionantes institucionales y políticas de la designación del gabinete, en la que tiene un gran peso la conformación de mayorías que aprueben las iniciativas del Gobierno para evitar la censura de ministros. Clerici et al. (2016) estudian las estrategias de los presidentes en la designación de gabinetes en gobiernos de coalición presidenciales. En Olivares et al. (2015) se analiza la permanencia de los ministros en los gabinetes y la negociación interpartidaria en Chile durante los gobiernos de la Concertación, determinando las variables que explican su designación y permanencia.

En Colombia destaca el análisis reciente de Mejía Guinand et al. (2021), quienes analizan la formación y supervivencia de los gabinetes presidenciales entre 1958 y 2018, cuya conformación se relaciona con el partidismo, los nuevos partidos y la formación de gobiernos de coalición. En Sotomayor Valarezo y Huertas Hernández (2021) se estudia la vinculación de mujeres en los gabinetes ministeriales, destacando variables como la ideología del ejecutivo, las mayorías en el congreso, la mayor competencia partidista y la capacidad de los grupos de presión proequidad de género. En el estudio de Mejía Guinand et al. (2024) se explora la incidencia del partidismo de los ministros en la conformación de los gabinetes desde tres atributos operacionales: membresía consolidada, lealtad duradera y exclusiva al partido y jerarquía.

Para la muestra se seleccionaron a conveniencia los ministros de educación designados entre los años 2000 y 2024, con el propósito de abarcar al menos siete periodos presidenciales.

El análisis de los datos obtenidos siguió el procedimiento inductivo sugerido por Strauss y Corbin (2002), que consistió, en un primer momento, en revisar toda la información que se obtuvo a partir de los textos y artículos leídos y luego se codificaron para identificar criterios y categorías en la conformación de los gabinetes ministeriales. Con la ayuda de la IA se formularon preguntas con palabras clave, frases u oraciones para el análisis.

Se utilizó como ejes de análisis cada una de las preguntas de investigación formuladas. Los criterios que permitieron aceptaron las tendencias observadas se fueron dando en la medida que los autores revisados iban proponiendo sus categorías de análisis.

Según Dethier (1963) el Ministerio es un órgano del Estado que no tiene existencia legal por sí mismo, sino que existe en función de la necesidad de distribuir las funciones y competencias del gobierno. En este sentido, se define como un organismo oficial conformado por un grupo de funcionarios que dependen de la autoridad de un ministro. Estos funcionarios se encargan de atender servicios y materias asignadas y distribuidas por la Constitución y la ley.

Los orígenes de los ministerios se remontan a la Europa medieval, cuando ciertos súbditos eran convertidos en oficiales de la alta esfera principesca-monárquica-imperial y pasaban a ser servidores del monarca, brindándole auxilio y consejo. Aconsejar al monarca era apoyar sus labores de gobernante. Así, los nobles oficiales llegaron a ser conocidos como ministros, actuando como consejeros responsables de administrar e intermediar el servicio público real. El consejero debía especializarse en áreas como hacienda, economía, gobierno interno, relaciones exteriores (guerra y diplomacia) y justicia. Además, debía tener competencias humanísticas como elocuencia, dominio de idiomas e historia y conocimientos de las normas y saberes cortesanos (Aranda Pérez, 2017).

Nussbaum (2011) también sitúa el origen de los ministerios y ministros en la Edad Media, coincidiendo con la tesis de Fernán Sánchez de Valladolid en La Crónica de tres reyes. Según Sánchez de Valladolid, los monarcas se rodeaban de un cuerpo consejero compuesto por miembros de la nobleza cercana, quienes podían influir en las decisiones reales y participar activamente en el poder.

De Castro (1999) afirma que el origen del ministerio, del cargo de ministro y del gabinete ministerial se remonta a las monarquías absolutas. En este contexto, los reyes, al necesitar apoyo para su reinado, designaban a nobles de su confianza y los reunían en su recámara o cabinet. El consejero real, además de inspirar confianza en el rey, debía tener conocimientos en ciertos asuntos gubernamentales, lo que lo hacía merecedor de ser invitado a la recámara del monarca.

De Castro atribuye a Felipe V en la España del siglo XVIII, el mérito de ser el primer monarca en designar oficialmente a nobles cercanos para encargarse de los asuntos reservados a la corona. Estos asuntos incluían guerra y paz, relaciones internacionales, gestión y empleo de las fuerzas armadas, unidad religiosa, política eclesiástica y jurisdicción interior.

De La Canal (2007) sostiene que en este siglo era común utilizar simultáneamente los términos secretario del Despacho y ministro para designar a los colaboradores más cercanos al monarca. El Real Decreto del 30 de noviembre de 1714 repartió las diferentes materias y negocios del Estado entre un número de ministros, un cargo análogo al de secretario/secretaría que formaba la dupla ministro/ministerio. Posteriormente, el Real Decreto del 26 de agosto de 1754 homologó la Hacienda de Indias a los términos de Secretaría y Ministerio, y este criterio se reflejó en los asuntos de Hacienda y Marina de Indias en dos Reales Decretos de 1787 y 1790. En este contexto, el término ministerio se utilizaba en dos acepciones: como "oficio, ocupación o cargo" y como “empleo de ministro”, según el Diccionario de Autoridades. Por lo tanto, es discutible afirmar que el término ministerio usado en el siglo XVIII tiene un significado muy diferente al de la actualidad (De La Canal, 2007).

En general, en Europa los miembros del gabinete recibieron distintos nombres según el país y los acontecimientos históricos. Inicialmente, fueron llamados secretarios del despacho real, secretarios privados del monarca, secretarios sinodales, y secretarios del despacho universal, hasta evolucionar a secretarios de Estado. En las monarquías constitucionales y, posteriormente, en las nacientes repúblicas, estos cargos pasaron a denominarse ministros de Estado (Escudero, 2001). Sin embargo, López-Cordón (1996) advierte que la evolución de la denominación del cargo no es lineal ni exenta de contradicciones. Hubo reformas legales que modificaron sus funciones y denominación en diferentes periodos de gobierno, coexistiendo en ocasiones secretarios sinodales y secretarios de Estado.

Con los procesos revolucionarios de finales del siglo XVIII surge la doctrina liberal, que sustenta especialmente la división de poderes y la representación democrática, dando origen a la visión liberal sobre la relación entre el poder político y la administración pública.

Escudero (2001) afirma que el cargo de ministro adquirió un sentido y desarrollo significativo en Francia con Napoleón Bonaparte. Napoleón estableció un cuerpo orgánico y completo de ministros con sus respectivos equipos de trabajo para gestionar los asuntos del nuevo imperio francés.

En la Europa moderna, la perspectiva weberiana sostiene que el Estado requiere tanto de políticos como de burócratas para cumplir sus objetivos. Según Weber (2007), la dirección del Estado y la formulación de políticas y programas públicos son asuntos de los políticos, mientras que su ejecución corresponde a los burócratas.

Durante el siglo XIX en Europa, especialmente en Francia y España, los puestos de alto nivel en la administración eran nombrados discrecionalmente por el primer ministro, excluyendo estos cargos de la carrera administrativa (Román Masedo, 1997).

En América Latina, Lipset y Solari (1967) advierten que las instituciones, la burocracia y los partidos políticos de masas son débiles. Además, los países latinoamericanos a menudo se ven obligados a adoptar y copiar normas y entidades de otros continentes. Esta influencia externa explica por qué la figura del secretario de Estado, de origen europeo, fue adoptada en la primera década de independencia y a finales del siglo XIX, cuando la mayoría de los países latinoamericanos empezaron a denominar a este cargo como ministro en sus nuevas constituciones.

Con la consolidación del sistema presidencialista en América Latina, los presidentes obtuvieron la potestad de actuar como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Esto les permite nombrar y remover libremente a sus ministros, quienes sirven como consejeros y colaboradores en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas gubernamentales (Matzumo Remigio, 2007).

En Colombia, el cargo de ministro tiene su origen a principios del siglo XIX bajo la denominación de secretario de Estado. El término ministro aparece con la Constitución Política de 1886, que le otorga al presidente la facultad de asumir diversos asuntos de Estado. La distribución de los negocios de cada ministerio y ministro le corresponde al presidente de la República, quien debe basar sus decisiones en afinidades personales (Congreso de la República, 1886, art. 132).

La designación y nombramiento de los ministros: conformación del gabinete ministerial

En este acápite se explora la designación y conformación de los gabinetes ministeriales para identificar quiénes pueden ser designados como ministros y qué criterios y requisitos se exigen para su nombramiento.

Un argumento es que existe la necesidad de coaliciones legislativas al momento de conformar los gabinetes ministeriales; lo que de paso resta independencia del presidente al elegir su gabinete (Norris 1987; Sainsbury 2004).

Como se mencionó anteriormente, el cargo de ministro tiene un origen aristocrático. Originalmente, los reyes convocaban a nobles de confianza para formar parte de la corte real, lo que eventualmente dio origen al gabinete ministerial. El principal requisito para ser parte de este círculo real era gozar de la confianza del rey y tener conocimientos especializados en áreas como hacienda pública, finanzas y administración de justicia, entre otros.

La corriente modernizadora de Fernando VI llevó a que los secretarios de Estado designados fueran hombres nuevos, que podían ser de origen extranjero y militar, siempre y cuando gozaran de la confianza del monarca. Con el tiempo, los reyes también recurrieron a miembros de los grupos tradicionales, lo que provocó una fusión gradual entre los personajes del antiguo régimen y la naciente burguesía (Nava Rodríguez, 1994).

En las monarquías constitucionales emergentes, los primeros ministros formaban su gabinete con ministros de los partidos que los habían elegido, quienes formaban parte de las mayorías parlamentarias. En los regímenes presidencialistas, el presidente tiene la potestad de nombrar y destituir a sus ministros, aunque esta nominación no está exenta de mediaciones partidistas vinculadas a la mecánica electoral.

Para Giorgi (2014) existen patrones sociales de tipo estructural de largo plazo y otros más coyunturales propios de cada escenario político, que generan las condiciones nombrado a una persona en el gabinete de turno. En esta misma línea Palotti y Cavalcante (2018) afirman que la designación de los ministros no dependería del azar ni de la sola voluntad presidencial y que inicialmente dependió de tres criterios históricos: la confianza que genera el nominado en el presidente, el origen socioeconómico del designado y el conocimiento y experiencia en los asuntos propios de la cartera asignada. Agregan que esta designación estaría relacionada con la investidura propia del cargo, porque los futuros ministros deberán actuar según las circunstancias: como los hombres de confianza y figuras políticas del presidente cundo ejercen como sus negociadores ante el poder legislativo; como sus directivos cuando toman decisiones frente el resto de la burocracia y ejercen y como sus asesores cuando hacen gala de su experiencia e información técnica.

Al consolidarse los partidos políticos y la democracia electoral, el criterio dominante para designar a los ministros se asocia con la conformación de coaliciones que garanticen al Ejecutivo tener las mayorías en el Congreso. La afiliación a un partido y el ascenso posicional en su estructura jerárquica, contribuyen a que ciertas personas de las élites tengan capital político y credenciales para ser ministrables. Los presidentes al momento de formar sus gabinetes deben contar con miembros de los partidos que forman la mayoría en el congreso, considerando los nombres de ciertos ministrables para que representen a sus partidos en el Gobierno (Blondel y Thiébault, 1988: 118, citado en Rodríguez Teruel, 2009).

Por lo tanto, la composición de los gabinetes está influenciada principalmente por la mecánica político-partidista y por los requerimientos técnicos necesarios para gestionar los problemas públicos inherentes a cada ministerio.

Según Semenova (2020), en Europa se pueden distinguir dos tipos principales de sistemas políticos. El sistema parlamentario, en el que los partidos ganadores forman una coalición para escoger al primer ministro, quien a su vez designa el gabinete. En este sistema, el gabinete se compone de representantes de los partidos que eligieron al primer ministro, asegurando así que los partidos políticos ganadores controlen las posiciones ministeriales con ministros de su afiliación. El segundo sistema es el semipresidencial, donde un presidente es elegido por voto popular y el gabinete es responsable frente al presidente y al Parlamento. En este caso, los presidentes pueden tener poderes formales para intervenir en la formación del gabinete, proponer candidatos a primer ministro al Parlamento, nombrar directamente algunos ministros y disolver el gabinete a su discreción.

En general, en los países con sistemas parlamentarios se prefiere designar ministros con experiencia partidaria y parlamentaria, mientras que en los países con sistemas semipresidenciales la tendencia es nombrar ministros no partidarios, tecnócratas y aliados del presidente.

Semenova también estudia el caso particular de los ministros outsiders, cuyo nombramiento no está relacionado con la experiencia parlamentaria ni partidaria a nivel nacional. Esta práctica es más común en regímenes presidencialistas y semipresidenciales, donde los presidentes tienen la discreción de nombrar una parte de su gabinete fuera de los partidos políticos.

En América Latina a diferencia del interés en la figura presidencial, hay pocas investigaciones sobre los ministros, sus características sociales, trayectoria y el proceso de reclutamiento estatal (Heredia y Gené, 2009).

Sin embargo, estudios recientes demuestran que el papel de la política partidista en la conformación del gabinete ministerial y en el nombramiento de ministros ha sido objeto de discusión. En este contexto, Palotti y Cavalcante (2018) argumentan que un presidente puede lograr una mayor gobernabilidad durante su mandato al incluir en el gabinete a partidos políticos de su coalición. Estrategia no exenta de cuestionamientos y restricciones políticas, ya que puede afectar la coordinación del presidente sobre su gabinete y, por ende, su eficacia gubernamental.

Otro criterio emergente está relacionado con la formación y consolidación de una élite político-administrativa con una destacada trayectoria técnica y política. Esta élite busca un espacio permanente en el gobierno, especialmente en ministerios altamente especializados que requieren tecnócratas con experiencia.

Según Figueiredo y Limongi (2009) y Amorim Neto (2007) (citados en Palotti y Cavalcante, 2018), el estudio en Brasil y América Latina sobre el nombramiento de ministros se centra en la composición y reformulación de las alianzas de gobierno por parte de los presidentes para garantizar su gobernabilidad. Este enfoque tiende a ser unidimensional, clasificando a los ministros en dos categorías: los que están alineados políticamente con el presidente y los que no están afiliados a partidos políticos, pero tienen una carrera profesional técnica.

Un caso particular en la conformación del gabinete es el del Ministerio del Interior o de Gobierno, donde se designa a una persona por su experiencia y habilidad para negociar con el Congreso. Este ministerio se caracteriza por exigir un saber específico y una capacidad notable para negociar con los actores políticos, por lo que el designado debe ser un dirigente con gran trayectoria política (Gené, 2012).

Camou (1997) señala que desde principios de los años sesenta, el saber técnico se ha convertido en un criterio importante para la selección de altos cargos, dada la complejidad creciente de las estructuras burocráticas gubernamentales. La profesionalización se orienta a la participación en la elaboración y ejecución de políticas económicas que requieren de conocimientos tecnocráticos especializados en política pública.

Medina; Ariza, Coutinho y Eberhardt (2023) proponen otro criterio relacionado con la dimensión territorial del Estado. La composición del gabinete puede depender de la representación política en el gabinete de políticos o líderes provenientes de las entidades subnacionales, ya sean estados federados o departamentos.

Se destaca por último la designación de ministros outsiders en América Latina, aunque hay pocos estudios al respecto, es común encontrar un porcentaje de estos en cada gobierno. Los ministros outsiders se distinguen por no tener experiencia en el Congreso ni una militancia partidaria evidente antes de su primera designación, lo que responde a la necesidad de los presidentes de contar con ministros con conocimientos especializados.

En cuanto al perfil de los ministros no siempre está alineado con las cualidades específicas necesarias para implementar eficazmente la visión y misión de una cartera ministerial, ni con las transformaciones que esta pueda requerir. En muchos casos, la formación y experiencia necesarias para estos cargos de dirección político-administrativa no se corresponden con los perfiles reales de quienes los ocupan.

En Europa en general, los requisitos para ocupar el cargo de ministro son mínimos, y no se exige una formación universitaria específica. En España, por ejemplo, para ser ministro solo se requiere ser ciudadano español, mayor de edad, gozar de los derechos de sufragio activo y pasivo, y no estar inhabilitado para ejercer un cargo público por sentencia judicial firme (Jefatura del Estado de España, 1997).

Un ejemplo relevante es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se está creando en muchos países. Al revisar los perfiles de los ministros encargados de estas carteras en varios países, se observa que, salvo algunas excepciones, estos ministerios no están dirigidos por hombres de ciencia ni expertos en el campo.

Un caso particular es el de Francia, donde el presidente Emmanuel Macron decidió nombrar científicos al frente de ministerios vinculados con la investigación. Sin embargo, no hay estudios concluyentes que evalúen la gestión de estos académicos (Pesquisa, 2017).

Rodríguez Teruel (2011) señala que los ministros españoles no llegan a sus cargos por sus estudios, sino por razones relacionadas con la imagen y la carga simbólica que los presidentes desean proyectar en sus gabinetes, como la igualdad, juventud o modernidad. El criterio predominante para el nombramiento de ministros en España es la carrera política de los candidatos y no necesariamente la necesidad de formar coaliciones de gobierno.

En América Latina, un estudio comparativo realizado por Alcón Hermoza (2015) revela que no existen requisitos legales ni exigencias específicas de conocimiento o experiencia para ser ministro. En general, no se requiere formación académica ni experiencia previa en el área relacionada con el cargo.

En Colombia la designación formal de los ministros está regulada por la Constitución Política en la que se establece que le corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa nombrar y separar libremente a los ministros del despacho (Artículo 189).

En cuanto al perfil y requisitos de los ministros no se exige idoneidad técnica específica, ni se requiere un título universitario que certifique aptitud, capacidad o competencia para desempeñar el cargo. Tampoco se requiere demostrar experiencia previa en relación con la cartera ministerial asignada. Los requisitos son los mismos de un representante a la Cámara: ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años en la fecha de la elección (Congreso de la República, art 177; 1991).

En Colombia la designación de ministros se explica desde criterios similares a los previstos en otras partes del mundo que van más allá de la discrecionalidad del presidente para nombrar personas de su total confianza en el gabinete. Esta facultad se cruza por lo general con la procedencia socioeconómica y partidista de los designados.

Colombia es un país desigual en la distribución del ingreso, la tenencia de riqueza, el nivel educativo y las condiciones de vida. Las oportunidades son escasas para aquellos con un origen social más bajo, y esta desigualdad se agudiza en las regiones, donde las diferencias socioeconómicas varían según la zona del país. La desigualdad influye en la esfera político-administrativa y en la designación de los altos cargos. La élite político-administrativa es endogámica, suele depender del origen social, la condición económica y la cercanía al líder o líderes de los partidos nacionales y regionales en el poder político (Echeverry Uruburu, 1997)

Según un estudio de Meisel (2012), basado en una base de datos de 702 personas que fueron ministros en el siglo XX, la designación de ministros en Colombia ha dependido de los siguientes criterios:

El perfil de los ministros de Educación: una mirada en el periodo 2000-2024

En Colombia, para ser ministro de Educación no se requiere tener un perfil profesional que se alinee necesariamente con la misión y visión del cargo, a pesar de que este ministerio es responsable de formular la política pública en el área educativa (Constitución Política, art. 286).

En el país no existe una política pública integral de educación; en su lugar, se elaboran documentos que reflejan las recomendaciones de organismos internacionales para acceder a créditos y financiamiento destinados a la educación y áreas prioritarias como la formación docente y los contenidos curriculares. Entre estos organismos se destacan el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) (Ratinoff, 1994; Santos, 2010).

Esta agenda internacional forma parte de un marco más amplio derivado de las exigencias de modernización económica y globalización. La educación se ha integrado a esta agenda internacional que impulsa a los países a aumentar su financiamiento en el sector. Un ejemplo es la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Tailandia entre el 5 y el 9 de marzo de 1990, que subrayó la necesidad de mejorar los sistemas educativos a nivel global (Soler, 2011).

La agenda internacional en materia educativa comenzó en 1956 con la creación del primer plan quinquenal de desarrollo para la educación por parte de una misión de la UNESCO, que también estableció una oficina de planeación en el ministerio, convirtiéndose en la primera en América Latina. Desde entonces, se ha expandido el número de escuelas y maestros en los departamentos, y se han creado Colegios Nacionales e Institutos Nacionales de Educación Media (INEM), financiados y administrados directamente por el Ministerio. Además, se han incrementado los préstamos de agencias extranjeras como la Agencia para el Desarrollo (AID) y el Banco Mundial para proyectos de educación superior y universitaria (Duarte, 2003).

En cuanto a la formulación de la política pública educativa en Colombia, los investigadores destacados en esta área afirman que las políticas implementadas han dependido más del gobierno en turno que de los ministros de educación específicos. Por ejemplo, Paredes y de La Cruz-Giraldo (2016) enfatizan que durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) se llevaron a cabo "las más profundas transformaciones de la educación pública del país", orientadas hacia su privatización según las nuevas lógicas del mercado. Por otro lado, Rubiano-Aldana y Beltrán-Jiménez (2016) consideran que la administración de Álvaro Uribe Vélez profundizó el modelo económico en la educación e incorporó una nueva racionalidad económica en el sector.

El análisis de los perfiles de quienes han ocupado el Ministerio de Educación permitirá constatar si los ministros tienen formación en ciencias de la educación o administración educativa, áreas que proporcionarían los conocimientos necesarios para formular políticas públicas educativas, gestionar sus actividades administrativas y ejecutar las leyes educativas en sus diversas modalidades.

A continuación, se analiza el perfil de los ministros de Educación durante los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, teniendo en cuenta las siguientes variables: vínculo u origen partidista, profesión y oficio; formación académica; y experiencia profesional relacionada con esta cartera. Para ello, se presenta la siguiente tabla:

Presidente	Ministro	Vínculo u origen partidista	Profesión y oficio	Formación académica	Experiencia relacionada	Fuente
Pastrana	Germán Bula Escobar Francisco J Lloreda M	Conservador independiente Conservador	Abogado, político, burócrata y dirigente gremial. Abogado, político y periodista.	Derecho, magíster en Economía. Derecho, maestría en Políticas Públicas en América Latina 2002 – 2003	Ninguna Ninguna	https://congresovisible.uniandes.edu.co/congresistas/perfil/german-alberto-bula-escobar/1417/. https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/francisco-jose-lloreda-mera/.
Uribe I y II periodo	Cecilia María Vélez White	Liberal	Burócrata y empresaria	Economía, con maestría en economía	Secretaria de Educación de Mockus y Peñaloza	https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/cecilia-maria-velez-white/.
Santos	María Fernanda Campo S,	Conservadora	Burócrata y dirigente gremial.	Ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en finanzas.	Ninguna	https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/maria-fernanda-campo-saavedra/.
Santos 2	Gina Parody D Cheona Yanet Giha Tovar	Bipartidista Partido de la U.	Abogada y burócrata. Economista Burócrata y tecnócrata.	Derecho con especialización en Resolución de Conflictos. Máster en Gestión de las Ciudades del Siglo XXI. Economía con especialización en Resolución de Conflictos y máster en Estudios Políticos.	Ninguna Directora de Colciencias Asesora Entre 2004 y 2005 del viceministro de Educación.	https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/gina-parody-d-echeona/. https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/yaneth-giha-tovar/.
Duque	María Victoria Angulo G	Conservadora	Economista Burócrata y directiva de ONG.	Economía con maestría en Economía y Análisis Económico	Directora de Fomento de la Educación Superior en el Ministerio de Educación entre 2004 y 2011. Secretaria de Educación de Bogotá.	https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/maria-victoria-angulo/.
Petro	Alejandro Gaviria Uribe Aurora Vergara Figueroa Daniel Rojas Medellín	Liberal independiente Sin partido definido Pacto Histórico	Economista burócrata e investigador académico. Profesora universitaria, académica. Contratista de prestación de servicios. Burócrata reciente y miembro de Utl.	Ingeniería civil con maestría y doctorado en economía. Sociología, con Ph. D en sociología. Economía y maestría en Ciencias Económicas.	Directivo universitario, docente e investigador. Docencia universitaria e investigadora. Ninguna.	https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/alejandro-gaviria-uribe/. https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/aurora-vergara-figueroa/. https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/quien-es-daniel-rojas-medellin/.

Las críticas al nombramiento del ministro de educación, elitismo y doble moral en la sociedad tradicional

Hasta el gobierno pasado no era común en Colombia que la opinión pública y los grandes medios de comunicación criticaran a los presidentes por nombrar a una determinada persona que a su juicio no cumplía con un supuesto perfil para ejercer este cargo. Por el contrario, se desgajaban en elogios y alabanzas como se mostrará a continuación según las reacciones históricas a los nombramientos:

El cambio en la opinión pública y mediática frente al nombramiento de un ministro se presenta cuando un gobierno progresista en el periodo (2022-2026) designa a un ministro que proviene de su partido político. No obstante, es necesario advertir que el nombramiento de otros altos cargos ha sido objeto de intenso escrutinio. En el caso del ministro la crítica se ha centrado en la falta de experiencia y en cuestiones personales y de comportamiento en redes sociales. El excandidato presidencial Sergio Fajardo criticó duramente su falta de experiencia en el sector educativo, describiendo la situación como una falta de seriedad respecto de la educación (RTVC Noticias, 2024).

Una senadora del Centro Democrático y el excandidato presidencial Enrique Peñalosa centraron sus críticas en el lenguaje utilizado por el ministro en redes sociales, calificándolo de agresivo y poco profesional (La FM, 2024). La revista Semana (2024) calificó el nombramiento como controvertido y criticó tanto la falta de una hoja de vida académica sólida como sus trinos polémicos en redes sociales.

Es evidente un cambio en el enfoque crítico hacia los nombramientos ministeriales con la llegada de un gobierno alternativo o progresista. Anteriormente, en las notas de prensa la crítica era mínima y a menudo se limitaba a elogios o comentarios positivos, destacando la confianza y la representación técnica de los ministros. Ahora, con la administración de Petro, los medios y críticos han adoptado un enfoque más crítico y negativo, cuestionando no solo la experiencia profesional sino también el comportamiento personal y la idoneidad del nombrado.

La reacción negativa hacia los ministros en el gobierno de Petro refleja una mayor escrutinio y demanda de estándares más altos en la selección de altos funcionarios, por parte de la prensa y la clase política tradicional. La crítica sobre la experiencia, idoneidad y comportamiento en redes sociales muestra un énfasis en las cualidades profesionales y personales que antes no se cuestionaban tanto.

La defensa de Petro al nombramiento del ministro de Educación refleja un intento de enmarcarlo dentro de una narrativa de inclusión y representación, contrastando con la crítica sobre su perfil profesional. Este enfoque busca destacar la diversidad y su origen popular como valores positivos en lugar de deficiencias.

Afectaciones al desempeño público, la confianza institucional y agenda pública educativa por el nombramiento de un ministro

En Colombia se suele relacionar la política pública con la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), que establece las bases para el sistema educativo y la gestión de los recursos que busca optimizar el funcionamiento del sistema educativo.

La ley de educación pública no constituye la política pública, pero esta prevalece sobre la segunda, porque sienta las bases que se deberán seguir para su construcción y formulación (Cuervo, 2007).

Una definición compartida de la política pública pone de relieve el rol de los ministros en este asunto:

En Colombia la política pública educativa se consagra en los planes nacionales decenales de educación que marcan el norte educativo en los próximos 10 años.

El perfil del ministro de educación en Colombia no se relaciona con requisitos que exijan tener conocimientos en el sector educativo que les de los elementos teórico-conceptuales para formular políticas públicas y programar la agenda pública supeditada a los lineamientos del presidente o siguiendo los parámetros fijados por entidades supra nacionales que imponen cierta agenda internacional.

La gestión de los ministros de educación se centra en cumplir con las metas fijadas en os programas educativos previstos en el plan nacional de desarrollo que en su mayoría obedecen a la agenda internacional respecto de ampliar cobertura, mejorar calidad y generar mayor inclusión de las minorías y grupos sociales excluidos. Tales programas funcionan por inercia independientemente del ministro que esté al frente de la cartera, de allí que no hay hechos y datos que permitan relacionar el nombramiento de un ministro con el desempeño del ministerio, la confianza institucional y el desarrollo normal de la política pública y la agenda del gobernante.

Los orígenes de los ministerios y del cargo de ministro datan de las monarquías absolutas cuando se complejizan las funciones de los reinos y los reyes se ven abocados a rodearse de nobles de confianza con conocimientos en ciertos asuntos de Estado. Su desarrollo tendrá lugar en el régimen de Napoleón.

El criterio que más pesa en el nombramiento de un ministro en otros contextos occidentales se relacionan con las alianzas partidistas y la necesidad de conformar coaliciones mayoritarias en el gobierno de turno.

Los criterios para nombrar un ministro en Colombia son la amistad con el presidente, la cercanía política al partido gobernante, las alianzas estratégicas para generar gobernanza y algunas consideraciones técnicas. Sin embargo, los criterios políticos pueden tener más peso que los conocimientos técnicos en la decisión de nombrar a un ministro. El origen económico y social también tiene un peso importante en la selección de los ministros.

El perfil de los ministros revela una serie de patrones y tendencias en la designación de estos cargos como la falta de alineación entre la formación académica y la experiencia profesional con las competencias requeridas para el cargo.

La designación de los ministros de educación sugiere que la experiencia en el sector educativo no es el criterio primordial en la designación ministerial, porque suele imponerse la cercanía política y las alianzas partidistas.

La designación del ministro de educación en el gobierno de Petro se enmarca en el primer caso en un criterio político-partidista, sin desconocer los méritos académicos del designado. En el caso del tercer ministro pesa el criterio de confianza y amistad y el partidista porque el designado además de ser cercano a Petro es un miembro de su propio partido.

Lo que diferencia este nombramiento de otros, es que no pertenece a las élites políticas tradicionales ni a las socioeconómicas, porque no ha hecho de la política su carrera; no proviene del Congreso, de familias poderosas ni de los gremios económicos.

Las críticas a la designación de un profesional para que sea el ministro de educación no es pertinente, porque no hay evidencia que se requiera de un perfil profesional determinado para ejercer este cargo. De hecho, en los 20 años recientes han pasado por este ministerio ingenieros civiles e industriales, abogados y economistas y sólo la mitad de ellos tenían experiencia previa en el sector, sin que esto sea la garantía de tener un dominio pleno sobre todos los niveles educativos.

Las críticas al nombramiento del ministro de educación de Petro son infundadas, porque no se requieren mayores conocimientos en el sector para ejercer el cargo para formular políticas públicas y elaborar proyectos de ley, además, la agenda pública está supeditada a la ley general de educación y a los lineamientos supra nacionales que se deben cumplir para garantizar el flujo de créditos y ayudas.

El nombramiento del este ministro de Educación no afecta necesariamente el desempeño público, la confianza en las instituciones ni la agenda pública educativa, porque la agenda y sus programas están atados a la ley general de educación

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Magister en Administración Pública por la Escuela Superior de Administración Pública (Bogotá, Colombia). Afiliación institucional: Escuela Superior de Administración Pública. Grupo de investigación Territorium (Bogotá Colombia). Correo electrónico: carlos.charry@esap.edu.co. Temas de especialización: Gestión pública, ciencia política y políticas públicas.↩︎