DOI: 10.60728/nbd69444

Financiamiento estatal para la actividad física y el deporte versus partidos políticos en Latinoamérica: un análisis comparado con base en Chile y sus políticas públicas deportivas

State Funding for Physical Activity and Sport versus Political Parties in Latin America: A Comparative Analysis Based on Chile and its Sports Public Policies

Francisco Javier Retamales Muñoz¹

https://orcid.org/0000-0001-6073-6683

Recibido 23.05.2025

Aceptado: 28.10.2025

Resumen

El estudio compara los mecanismos de financiamiento estatal entre partidos políticos y organizaciones deportivas en Latinoamérica, centrándose en la experiencia de Chile y sus políticas públicas. Evidenciando una disparidad respecto del tipo de financiamiento, ya que los partidos políticos chilenos reciben financiamiento público permanente y proporcional a sus votos, asegurando estabilidad. En contraste, las organizaciones deportivas dependen principalmente de fondos concursables anuales, generando incertidumbre y competencia desfavorable para organizaciones menos preparadas. A pesar de los reconocidos beneficios de la actividad física para la salud pública y el desarrollo social, su financiamiento parece menos priorizado que el político. Al hacer análisis de modelos en otros países latinoamericanos se concluye recomendando explorar mecanismos de financiamiento mixtos más estables, equitativos y estratégicos para el deporte, que reflejen su importancia social y de salud pública.

Palabras clave: deporte, partidos políticos, financiamiento, políticas públicas, clubes deportivos

Abstract

The study compares state financing mechanisms between political parties and sports organizations in Latin America, focusing on the experience of Chile and its public policies. It shows a disparity regarding the type of funding, because Chilean political parties receive permanent public funding proportional to their votes, ensuring stability. In contrast, sports organizations depend mainly on annual competitive funds, generating uncertainty and unfavorable competition for less prepared organizations. Despite the recognized benefits of physical activity for public health and social development, its funding seems to be less prioritized than political funding. An analysis of models in other Latin American countries concludes by recommending the exploration of more stable, equitable and strategic mixed funding mechanisms for sport, reflecting its social and public health importance.

Keywords: Sports, political parties, financing, public policies, sports clubs

Introducción

En sociedades democráticas contemporáneas, la asignación y gestión de recursos estatales representan un claro desafío, que incide directamente en el equilibrio social y la legitimidad de las instituciones (CEPAL, 2007; Fontanini, 2022; OEA, 2008). Este fenómeno se observa especialmente en ámbitos donde convergen intereses diversos, como la financiación de partidos políticos y organizaciones deportivas. Ambos sectores, aunque distintos en su naturaleza y función, dependen en gran medida de subsidios públicos que buscan garantizar su funcionamiento y representar múltiples sectores de la sociedad (Kasperski M. D., 1999). Sin embargo, la distribución de estos recursos puede reflejar desigualdades sociales preexistentes y acentuar brechas en el acceso y la participación (Esteban y Ray, 2006; Favila Tello y Navarro Chávez, 2017; López, 2005). En el caso chileno, resulta pertinente analizar cómo estas políticas públicas repercuten en comunidades con diversos grados de desventaja social, explorando las principales características de esta financiación estatal y sus implicancias sociales. En este contexto, comprender las particularidades del financiamiento público y sus efectos es crucial para promover una distribución más equitativa y eficiente (Zhang, 2016).

En Chile se observa una marcada diferencia en la forma en que el Estado financia a los partidos políticos en comparación con las organizaciones dedicadas a la actividad física y el deporte, generando, para estas últimas, programas acordes con iniciativas gubernamentales periódicas y finitas en su duración según la tendencia política gobernante, definidas dentro de las políticas públicas vigentes y que determinan bajo una línea programática nacional los destinos y el desarrollo de la actividad física y el deporte en el país, aspirando que dichos lineamientos sean abarcados en todo ámbito y grupo de interés. En cambio, los partidos políticos gozan de un sistema de financiamiento estatal permanente y proporcional a la cantidad de votos obtenidos en las elecciones (Almagro et al., 2025; Aninat y González, 2014), las cuales por efecto de la Ley 18.683 (Orgánica constitucional de Partidos Políticos), pueden conformarse, establecerse y desarrollarse de forma sustentable al cumplir ciertos lineamientos y requisitos. Por su parte, y en función de hacer un parangón, las entidades deportivas como clubes y asociaciones definidos como deportivos, dependen principalmente de fondos concursables para acceder a recursos públicos sobre la base de la Ley 19.712 (República de Chile, 2001), efecto que se ha reflejado a través del tiempo y que establece una secularidad minimizadora del potencial que representan estas organizaciones a nivel social y sus efectos en la salud pública (OMS, 2020).

Esta disparidad plantea interrogantes fundamentales sobre las prioridades del Estado y la valoración que se otorga a diferentes sectores para el desarrollo integral de la nación. La estabilidad financiera que proporciona el financiamiento permanente a los partidos políticos contrasta con la incertidumbre y la naturaleza competitiva de los fondos disponibles para el deporte y sus organizaciones, lo que sugiere una posible subestimación de los beneficios sociales y de salud que la actividad física y el deporte aportan a la sociedad chilena.

La actividad física y el deporte son reconocidos globalmente por su trascendental importancia en múltiples dimensiones del bienestar social (Bailey, 2006; Eime et al., 2013; Liu y Zhong, 2023; Ventura Suclupe y Zevallos Cotrina, 2019; Woods et al., 2021). Desde la perspectiva de la salud pública, la práctica regular de actividad física juega un papel crucial en la prevención y el manejo de enfermedades no transmisibles (ENT) (Andradas Aragonés et al., 2015), tales como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer (Cuero, 2023; Mamani Ortiz et al., 2020; OPS/OMS, 2014). Además de los beneficios físicos, contribuye significativamente a la mejora de la salud mental, reduciendo los síntomas de depresión y ansiedad (OPS, 2020; Periago, 2005), y ayuda a combatir el creciente problema del sedentarismo en la población (Mustieles Granell et al., 2023; Pérez, 2014). La evidencia científica respalda su rol esencial en la prevención primaria y secundaria de diversas enfermedades crónicas (Toala León et al., 2023). En el ámbito del desarrollo social, la actividad física y el deporte actúan como poderosos catalizadores para fomentar la cohesión comunitaria y la inclusión social, integrando a individuos de diversas edades, etnias y condiciones socioeconómicas (Alabarces, 2015; Pérez-Flores y Muñoz-Sánchez, 2018). A través de la participación deportiva, se promueve la educación en valores fundamentales como el trabajo en equipo, el respeto, la equidad y la disciplina, contribuyendo al desarrollo de habilidades esenciales para la vida y una ciudadanía responsable (Monjas Aguado et al., 2015).

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han reconocido la actividad física y el deporte como herramientas indispensables para alcanzar objetivos de salud pública y desarrollo sostenible (Bennasar-García y Silva Suniaga, 2024; OEA, 2008; OMS, 2020). Estableciendo incluso metas globales para reducir la inactividad física, dada su creciente prevalencia y su impacto negativo en la salud y la economía (OMS, 2020). La vasta evidencia científica y las recomendaciones de estos organismos subrayan los beneficios multifacéticos de la actividad física y el deporte, posicionándolos como pilares fundamentales de la salud pública y el bienestar social universal.

Respecto del rol que asumen las organizaciones deportivas en el fomento y desarrollo de la actividad física y el deporte, trasciende que son las responsables de conducir, catalizar y sustentar procesos de bienestar, salud y rendimiento entre sus asociados y la población participante en actividades permanentes y secuenciales a través del tiempo (Gómez et al., 2007). Esto implica una preparación, capacitación y recursos (materiales, humanos, económicos, etc.) para lograr su objeto de funcionamiento, participando desde las bases estructurales de la sociedad y soportando dentro del esquema etario a la totalidad de la población de una nación. Siendo coparticipe de los sistemas educativos, y de las redes asistenciales de salud; las organizaciones deportivas se relacionan con la sociedad en pleno de forma activa y beneficiosa para todos sus participantes. Siempre bajo el amparo de la comunidad, quien funciona como plataforma de soporte y subsistencia; las organizaciones deportivas se valen de su Capital Social para estructurar procesos de cambio y bienestar entre sus adeptos y socios, pero que a su vez se vuelven extensibles hacia otros beneficiarios indirectos –normalmente las propias familias de esos beneficiarios– haciendo que su margen de acción permee de mejor forma en la sociedad conformando una cultura deportiva (Aedo et al., 2020).

Por su parte, los partidos políticos desempeñan un rol crucial en la sociedad democrática al actuar como vehículos para la canalización de las demandas ciudadanas y la representación de diversos intereses dentro del sistema político (Mendilow y Phélippeau, 2018; OEA, 2008). Son actores fundamentales en la participación electoral, facilitando el acceso de los ciudadanos al gobierno a través de la presentación de candidatos y programas políticos. Además, son esenciales en la formación de élites políticas y en la organización y funcionamiento del Estado (Stokes, 2004). Contribuyen a la socialización política al proporcionar a los ciudadanos marcos de referencia para entender los problemas sociales y formar opiniones, y participan activamente en la creación de opinión pública (Barreda & Ruiz Rodríguez, 2022). Si bien son indispensables para la gobernanza democrática, su función principal se centra en la esfera política y la adquisición y ejercicio del poder en donde la participación relevante de las comunidades se proyecta hacía unos pocos individuos que actúan en representación de otros integrantes de la misma comunidad, lo que los distingue de los beneficios directos y generalizados que la actividad física y el deporte ofrecen a la sociedad en términos de salud y bienestar (Michels, 1982).

El presente estudio tiene como objetivo principal configurar un análisis comparativo de los modelos de financiamiento estatal destinados tanto a los partidos políticos como a la actividad física y el deporte en Latinoamérica, tomando como caso central a Chile. Entendiendo sobre la base de la Teoría de Bienes Públicos que plantea Olson (Jordana, 2007), que ambos entes sociales generan externalidades positivas, pero con patrones de financiamiento que a simple vista son asimétricamente justificados para el colectivo nacional, buscando identificar las similitudes, diferencias y problemáticas comunes que caracterizan estos modelos; así como evaluar si la asignación de recursos refleja la importancia relativa de ambos sectores para el desarrollo de la sociedad atendiendo a factores como la equidad social para la distribución de recursos con claro foco en la participación de los individuos en comunidad. Finalmente, se propondrán lecciones aprendidas y recomendaciones orientadas a incidir en la construcción de políticas públicas que favorezcan el financiamiento de la actividad física y el deporte en la región latinoamericana, considerando la experiencia de Chile y otros casos relevantes.

Metodología

La presente investigación se enfoca en analizar documental y bibliográficamente las diversas estrategias aplicadas por los países respecto del financiamiento de los partidos políticos y las organizaciones deportivas en Latinoamérica, tomando como foco aquellos que tuviesen normativa legislativa explícita respecto de regulación y mecanismos de financiamiento de partidos políticos por intermedio de recursos públicos, con historia gubernamental y democrática de a lo menos 20 años consecutivos, disponibilidad de datos comparables en un ciclo mínimo entre los años 2015 y 2023 desde fuentes oficiales, con una representatividad geográfica y de varianza política-institucional. Logrando establecer una selección global de siete países bases de comparación con la realidad existente en Chile.

Se toma como modelo investigativo el método comparativo heurístico bajo la conceptualización del ámbito de objeto supraestatal (Dieter, 2013), considerando factores que involucren y declaren plenamente el estado legislativo que manifiestan los países estudiados y en los que rigen o se detectan diferencias en cómo estructuras de financiamiento –mecanismos aparentemente técnicos, materializan decisiones políticas sobre qué se considera prioritario, para ser expuestos contra la realidad chilena y con ello sopesar el margen de incidencia en el efecto contrastante respecto del financiamiento político por sobre las organizaciones deportivas.

Se examinan datos secundarios provenientes de leyes orgánicas constitucionales, informes de presupuestos públicos, documentos de organismos internacionales y estudios académicos publicados en bases de datos especializadas respecto de la temática y los países de la región que pudiesen ser susceptibles de estudio. Los datos de financiamiento se obtuvieron de fuentes oficiales de cada país, permitiendo una comparación temporal del período 2020-2023.

Chile se selecciona como eje de análisis por tres razones complementarias; la disponibilidad de información presupuestaria desagregada desde 2001 y reportes de gasto electoral publicados facilita la trazabilidad diacrónica imposible en casos paralelos. La magnitud de la disparidad entre financiamiento político y deportivo (Tabla 5) que lo constituye como paradigma de asimetría justificando la interrogación sobre prioridades estatales. Y el debate público chileno sobre esta cuestión (cristalizado en reformas electorales 2014-2020 e intentos de reforma política 2021-2024) generando corpus académico comparativamente superior al de otros países permitiendo así análisis multidimensional. Esta selección no implica representatividad universal sino potencial heurístico para examinar tensiones estructurales replicables en sistemas políticos similares de la región.

Las limitaciones de este estudio incluyen la dependencia de datos oficiales que pueden reflejar discrepancias entre asignación presupuestaria y ejecución real; variabilidad en la disponibilidad de información comparable entre países; y dificultad para cuantificar efectos indirectos del financiamiento deportivo en salud pública. Futuras investigaciones deberían incorporar análisis cuantitativos de impacto sanitario y estudios de seguimiento de beneficiarios.

Enfoque conceptual y comparativo

El financiamiento estatal de los partidos políticos en Chile

En Chile el financiamiento estatal de los partidos políticos se encuentra regulado principalmente por tres cuerpos legales: la Ley 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos; la Ley 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral; y la Ley 20.900, para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia. La Ley 18.603 establece la naturaleza jurídica de los partidos, sus derechos y obligaciones, y regula aspectos cruciales como la afiliación, la organización interna y, fundamentalmente, el financiamiento. La Ley 19.884 se centra en la regulación del financiamiento de las campañas electorales, estableciendo límites al gasto y mecanismos para el reembolso de los gastos incurridos por los candidatos y partidos en función de los votos obtenidos. Es importante notar que la cantidad reembolsada por voto ha experimentado ajustes a lo largo del tiempo, influenciada por reformas electorales y consideraciones fiscales, lo que denota una dinámica incluso en este mecanismo de financiamiento aparentemente estable. Posteriormente, la Ley 20.900 introduce modificaciones significativas a la Ley 19.884, fortaleciendo la transparencia y el control del financiamiento político, y estableciendo formalmente el financiamiento público permanente para los partidos políticos. En conjunto, estas leyes configuran el marco regulatorio que sustenta el financiamiento estatal continuo de los partidos políticos en Chile.

Naturaleza permanente y proporcional al voto

Una característica distintiva del sistema chileno es la provisión de financiamiento basal y permanente para los partidos políticos que se encuentran legalmente constituidos, ya sea a nivel nacional o regional. Este financiamiento se otorga de manera trimestral y está destinado a cubrir las actividades inherentes a la naturaleza de los partidos, incluyendo gastos de funcionamiento, la adquisición o arriendo de bienes inmuebles, el pago de deudas y el desarrollo de actividades de formación cívica. El monto total de este financiamiento tiene un piso y un techo que se calculan con base en un porcentaje de la Unidad de Fomento (UF), la cual es una unidad monetaria chilena reajustable a favor de indicadores bursátiles, de crecimiento y deuda integrados con la finalidad de regular y estabilizar la moneda nacional, el peso chileno; ante períodos de alta inflación y la cantidad de votos válidamente emitidos en las elecciones (República de Chile, 2017, 2021). La distribución de los recursos se realiza de forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido en la última elección de diputados. Un porcentaje del total anual se distribuye en función del número de regiones en las que el partido tiene presencia legal, mientras que el resto se asigna proporcionalmente a los votos obtenidos en los procesos eleccionarios. El cálculo del aporte fiscal trimestral se realiza tomando como base los resultados de las elecciones parlamentarias. La tendencia al alza en los aportes fiscales a los partidos políticos, especialmente en el ítem de financiamiento basal, sugiere una creciente dependencia de los partidos en los fondos estatales para sus operaciones (Tabla 1).

Tabla 1. Fluctuación de financiamiento recibido por partidos políticos en Chile durante el ciclo

Fuente: extraído desde Libertad y Desarrollo. Informe n.°1647-2, 4 de julio de 2024.

La justificación principal del modelo chileno de financiamiento permanente radica en el objetivo de fortalecer la democracia y asegurar la autonomía de los partidos políticos frente a la influencia de intereses privados. Buscando evitar que los partidos dependan excesivamente de financistas privados, lo que podría comprometer su independencia y generar desigualdades en la competencia política (Aninat y González, 2014). El financiamiento permanente se considera esencial para garantizar el funcionamiento continuo de los partidos y su capacidad para llevar a cabo sus actividades. Sin embargo, este modelo también ha suscitado críticas y debates debido a que se argumenta que dicho financiamiento permanente podría desincentivar a los partidos a recolectar fondos entre sus propios militantes y adherentes, al contar con un flujo de recursos asegurado (Aninat y González, 2014). Existe también una reticencia significativa por parte de la opinión pública hacia el financiamiento permanente de los partidos principalmente por el aspecto discriminador que se provoca respecto de otras organizaciones que se podrían encasillar en el tipo de Organización Sin Fin de Lucro (OSFL) y Organización de Interés Público (OIP), las cuales no gozan de una ventajosa situación financiera permanente y garantizada por vías estatales. Además, se cuestiona la priorización de este financiamiento en relación con otras necesidades sociales igualmente importantes, como la inversión en salud pública y el fomento de la actividad física y el deporte (Barrera Medina et al., 2023). En este contexto, se observa una tendencia hacia la discusión de modelos más austeros y con un mayor énfasis en el financiamiento proveniente de la ciudadanía (Instituto LyD, 2024), lo que refleja una tensión más amplia en la teoría democrática sobre el nivel y la naturaleza apropiados del apoyo estatal a las organizaciones políticas.

El financiamiento estatal de la actividad física y el deporte en Chile

El principal mecanismo de financiamiento estatal para la actividad física y el deporte en Chile al que pueden acceder las Organizaciones Deportivas es el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (FONDEPORTE) (República de Chile, 2001), instrumento también declarado en la dimensión 3.2 Fomento y en sus respectivas líneas de acción, contenido en la Política Nacional de Actividad Física y Deportes 2016-2025 (Ministerio del Deporte de Chile, 2016). Este fondo, administrado por el Instituto Nacional de Deportes (IND), tiene como objetivo anualmente financiar total o parcialmente proyectos, programas, actividades y medidas que promuevan el desarrollo del deporte en sus diversas modalidades. FONDEPORTE opera principalmente a través de fondos concursables, donde las organizaciones deportivas y organismos públicos que cumplan ciertos requisitos y formalidades tendrán la oportunidad de postular sus iniciativas y aspiraciones encuadrados en temáticas de financiamiento preestablecidas por dicho servicio estatal para obtener financiamiento, debiendo, según sus bases concursales, adscribirse y tener pertinencia a la política pública respectiva vigente (Tabla 2). No obstante, una porción del presupuesto de dicho fondo (hasta un 20%) puede ser asignado directamente y a discreción para proyectos e iniciativas que se consideren relevantes a criterio de los directores regionales del IND. Adicionalmente, existe un sistema estatal de subsidios para la adquisición, construcción y habilitación de recintos deportivos, este subsidio consiste en un aporte estatal directo, otorgado por una sola vez, como complemento del ahorro previo que debe acreditar la organización beneficiaria, estando obsoleto y sin financiamiento en la actualidad. Finalmente, se fomenta la inversión privada en el deporte a través de donaciones con franquicia tributaria para empresas y personas naturales, según se estipula en la Ley 19.712 (artículo 32°) fijando los lineamientos que permiten generar donaciones deportivas, Ley 19.885 (artículos 10° y 11°) que incentiva a través de la construcción de los requisitos que norman el buen uso de los recursos y de las franquicias tributarias, decreto 34/2017 del Ministerio del Deporte que aprueba el reglamento ad hoc para las donaciones deportivas; y Circular n.° 81 de 2001 de Impuestos Internos de Chile, que aprueba las normas para el tratamiento tributario y contable de las donaciones (Ministerio del Deporte, 2025). Este mecanismo permite a los donantes rebajar un porcentaje de impuestos a la renta por las donaciones realizadas a proyectos deportivos que hayan sido previamente aprobados por el IND. La existencia de este mecanismo de donaciones sugiere un intento de involucrar al sector privado en el financiamiento del deporte; sin embargo, la dependencia primordial de FONDEPORTE subraya el alcance limitado y la potencial inestabilidad de esta vía en comparación con el financiamiento público permanente que reciben los partidos políticos chilenos.

Tabla 2. Fluctuación de financiamiento estatal mediante FONDEPORTES en Chile durante el ciclo 2020-2023

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por DIPRES Chile (2025).

Pese a la existencia de FONDEPORTES como pilar fundamental de fomento deportivo en el país, de igual forma existen otros mecanismos bajo la misma lógica que se promueven por parte de ministerios, servicios y estamentos gubernamentales que también mantienen una oferta de financiamiento para las organizaciones deportivas; como así también lo establecen los gobiernos regionales, quienes disponen de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el cual dentro de sus líneas o temáticas incluye a la actividad deportiva.

Este modelo de financiamiento en la actividad física y el deporte de Chile, basado principalmente en fondos concursables, presenta una serie de limitaciones y desafíos; en primer lugar, genera incertidumbre y falta de estabilidad financiera para las organizaciones deportivas, lo que dificulta la planificación y ejecución de proyectos a largo plazo, rompiendo con eso diversos alcances y manifestaciones que promueve la política pública deportiva al respecto, principalmente en el marco de la adquisición de hábitos de vida sana a través de la actividad deportiva al no posibilitar la consecución de iniciativas a través del tiempo. Esto se traduce en la necesidad de competir anualmente por fondos, lo que puede crear desigualdades entre organizaciones con diferentes niveles de recursos y capacidades para elaborar postulaciones exitosas. Además, el financiamiento está inherentemente ligado con la disponibilidad presupuestaria anual del Estado, lo que lo hace susceptible a fluctuaciones y posibles recortes bajo la lógica de la necesidad e importancia que se le dé en la discusión presupuestaria al momento de la aprobación del presupuesto anual de la nación. Los montos máximos de financiamiento por proyecto, que son limitados, pueden no ser suficientes para cubrir las necesidades de proyectos de mayor envergadura, tiempo de duración o de alto rendimiento impidiendo con esto mantener una regularidad y una trazabilidad de las iniciativas. La focalización en financiamiento basado en proyectos podría conducir a un enfoque fragmentado del desarrollo deportivo nacional, obstaculizando iniciativas estratégicas a largo plazo y el apoyo necesario para el desarrollo de atletas con miras al alto rendimiento, en contraste con el financiamiento sostenido que reciben los partidos políticos para sus objetivos a largo plazo.

Este efecto, a la postre impide que las políticas públicas deportivas vigentes en Chile puedan tener consecuencias favorables, ya que más allá de las declaraciones y postulados, impiden que las organizaciones de base puedan generar y nutrir a la sociedad de individuos con las herramientas para la vida sana y el bienestar de forma constante y permanente a través del tiempo.

Experiencia comparada en Latinoamérica: financiamiento de partidos políticos

En Latinoamérica se observa una diversidad de modelos de financiamiento estatal para partidos políticos (Tabla 3). Muchos países emplean sistemas mixtos que combinan fondos públicos y privados, con distintos grados de participación estatal y criterios de asignación (Ramos Rollón, 1998). Para efectos del presente estudio, se visualizan países que declaran por intermedio de legislación sistemas de financiamiento permanente y/o proporcional a la representación electoral, pero que se matizan en función de sus realidades particulares. Siendo Argentina el único país de la región que declara un financiamiento permanente puro, y que distribuye vía un Fondo Partidario Permanente para los partidos políticos en montos proporcionales a cada uno (Congreso de la Nación Argentina, 2007). Por otro lado, Colombia otorga financiamiento estatal tanto para el funcionamiento permanente de los partidos como para las campañas electorales, utilizando criterios de distribución que consideran la representación obtenida y la participación femenina (Gobierno Nacional de Colombia, 2010). Ecuador cuenta con un Fondo Partidario Permanente que se distribuye anualmente entre los partidos elegibles, con criterios que incluyen la proporcionalidad de votos obtenidos (Rowland, 2003). En República Dominicana el financiamiento público directo a los partidos se asigna siguiendo criterios proporcionales a su fuerza electoral (República Dominicana, 1997). Honduras, en cambio, rescata un financiamiento puramente electoral, siendo un mecanismo simplificado de Financiamiento contra reembolso hacia los partidos políticos (Asamblea Nacional Constituyente, 1982). México destaca por tener un sistema de financiamiento público federal significativo, con fórmulas complejas para la distribución de los recursos (Ramos Rollón, 1998). La tendencia general hacia el financiamiento público en la región sugiere un reconocimiento de la importancia de los partidos políticos en la democracia y un esfuerzo por reducir su dependencia de influencias privadas potencialmente indebidas.

Tabla 3. Comparativa de los modelos de financiamiento de partidos políticos en Latinoamérica

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de sitios web oficiales de los gobiernos de cada país.

Este fenómeno puede compararse con políticas inclusivas de representación de género en otros contextos, donde leyes de balance buscan institucionalizar la equidad y mejorar la gobernabilidad al integrar voces diversas (ONU Mujeres, 2024; Temko, 2019). De esta forma, el análisis del financiamiento estatal debe considerar no solo la cantidad asignada, sino cómo esta contribuye a la redistribución del poder y la reducción de desigualdades sociales, en un marco que favorezca la sostenibilidad social y política a largo plazo (Pfleiderer et al., 2020).

Experiencia comparada en Latinoamérica: financiamiento de la actividad física y el deporte

En contraste con los modelos relativamente estandarizados para el financiamiento de partidos políticos, el financiamiento de la actividad física y el deporte en Latinoamérica presenta una mayor diversidad de enfoques (Tabla 4). Si bien Chile se caracteriza por el uso predominante de fondos concursables a través de FONDEPORTE (República de Chile, 2001), otros países han adoptado diferentes estrategias. Brasil y Cuba, por ejemplo, han históricamente realizado importantes asignaciones presupuestarias directas al sector deportivo, como parte de una estrategia y diseño de políticas públicas que fomentan no solo la actividad física y el deporte; ya que suman el turismo y el fomento empresarial, con un enfoque en eventos masivos y programas de desarrollo interno (Magaldi de Sousa, 2016), en el caso particular de Brasil ha otorgado históricamente una inversión estatal considerable al deporte, especialmente en el contexto de la organización de grandes eventos, como la Copa Mundial de la FIFA (2014) y los Juegos Olímpicos (2016), la cual se ha visto asociada con un plan de Estado en la búsqueda de un impacto social, cultural, deportivo y económico (Álvarez De La Torre y Rodríguez-Toubes Muñiz, 2013; Magaldi de Sousa, 2016). En México, además de un presupuesto público para el deporte que ha sido objeto de críticas por recortes, se observa una significativa inversión privada a través de fundaciones privadas orientadas al deporte o con su objeto social predominante hacia la actividad deportiva y la salud en sus diversas manifestaciones (Flores Fernández, 2019), emulando así a Chile en donde también existen incentivos fiscales para la inversión privada en el deporte (BCN, 2014). En varios países, incluyendo Colombia y Chile, los presupuestos regionales y locales también juegan un papel en el financiamiento de actividades deportivas a nivel subnacional. En Colombia, la inversión en deporte se canaliza principalmente a través del Ministerio del Deporte, que otorga recursos a federaciones deportivas y entes territoriales para el desarrollo de programas y proyectos; aun así, los recientes recortes presupuestarios en Colombia para el deporte sirven como recordatorio de la vulnerabilidad del financiamiento deportivo a las políticas públicas fiscales más amplias y la posibilidad de reducciones significativas incluso en países con una historia de apoyo estatal (Guzmán, 2025). Argentina por su parte, y a pesar de tener una larga tradición deportiva y programas estatales de apoyo, ha presentado una inversión relativamente menor en comparación con otros países de la región, siendo un caso de estudio particular, debido a que su desarrollo deportivo no sería bajo la lógica de un apoyo directo desde el Estado, sino que una amalgama entre los conceptos de: comunidad, sociedad y organización deportiva; los cuales sustentarían las bases deportivas que forjan los niveles de crecimiento, perfeccionamiento y rendimiento de sus deportistas (Jara et al., 2024).

Tabla 4. Comparativa de los modelos de financiamiento de la actividad física y el deporte en Latinoamérica

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de diversos sitios web institucionales de cada país.

La importancia de la actividad física y el deporte

Las políticas públicas aplicadas a la actividad física y el deporte generan una amplia gama de beneficios para la salud pública (Szczepaniak, 2020), cuya importancia supera, en muchos aspectos, la función primordial atribuida de los partidos políticos. La práctica regular de ejercicio físico es fundamental en la prevención de enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer (Hayes et al., 2023; Hidrobo Coello, 2020; López-Köstner y Zarate, 2012), que representan algunas de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel global, considerando para la región una afectación de un 39,3% de individuos sedentarios (OMS, 2020). Además de los beneficios físicos, la actividad física tiene un impacto positivo significativo en la salud mental, contribuyendo a la reducción del estrés, la ansiedad y los síntomas de depresión (Montero Herrera y Carazo Vargas, 2019). También juega un rol crucial en el mantenimiento de un peso saludable y la prevención de la obesidad, un factor de riesgo importante para numerosas enfermedades (OPS, 2020; OPS/OMS, 2014). En última instancia, la actividad física regular se asocia con una reducción del riesgo de mortalidad prematura (Mustieles Granell et al., 2023; Pérez, 2014). El consenso científico respalda firmemente el papel crítico de la actividad física en la prevención de una amplia gama de problemas de salud pública debilitantes y costosos, lo que representa un beneficio más directo y universal que las funciones primarias de los partidos políticos. La carga económica que la inactividad física impone a los sistemas de salud pública proporciona un argumento financiero convincente para aumentar la inversión en medidas preventivas como el deporte y la actividad física, lo que podría generar ahorros significativos a largo plazo (Al-Maskari, 2020).

Respecto de la incidencia en el deporte, existen diversos estudios que reflejan que el efecto promotor deportivo también mantiene ciertos sesgos en lo que respecta a financiamiento estatal, entendiendo que la centralización y concentración de recursos para la realización de actividad deportiva en Chile, no responde a necesidades concretas dentro de las políticas públicas declaradas, sino que a efectos centralistas de distribución de recursos, tanto para algunas disciplinas deportivas como para las realidades particulares regionales dentro de su desarrollo deportivo (Souza-Lima et al., 2025).

Impacto en el desarrollo social

Más allá de los beneficios para la salud individual, el deporte y la actividad física actúan como poderosos catalizadores para el cambio social positivo (Chávez y López Montes, 2017). Fomentan la inclusión social y la equidad al ofrecer oportunidades de participación a personas de diversos orígenes y capacidades; así, también, la práctica deportiva promueve el desarrollo de valores esenciales como el trabajo en equipo, el respeto por los demás y la disciplina personal (Barrera Medina et al., 2023). Además, el deporte se constituye como una herramienta valiosa para la educación y el desarrollo de los jóvenes, ofreciendo un espacio para el aprendizaje, la construcción de la confianza y el desarrollo de habilidades para la vida (Pérez-Flores y Muñoz-Sánchez, 2018). Contribuye al fortalecimiento de la cohesión comunitaria y mejora las relaciones interpersonales (Eime et al., 2013). El deporte puede ser una herramienta poderosa para la inclusión social, particularmente para grupos marginados (Barrera Medina et al., 2023), ofreciendo oportunidades para la participación, el desarrollo del liderazgo y una mejora de la autoestima, elementos cruciales para el bienestar social general.

Evidencia científica y recomendaciones de organismos internacionales respecto de la actividad física y el deporte

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la UNESCO abogan por un aumento de la inversión y la promoción de la actividad física y el deporte, dada la evidencia de sus beneficios comprobados (OPS/OMS, 2014). La inactividad física representa una carga económica considerable para los sistemas de salud a nivel global, siendo estimada en 1% a 3% de los costos para los países (OMS, 2020), siendo esto para Chile un costo promedio anual que bordea los USD 105,8 millones (UDD - CIPEM, 2024). El Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030 de la OMS establece metas específicas para reducir los niveles de inactividad física en la población mundial, el reconocimiento global de la importancia de la actividad física, como se evidencia en el plan de acción de la OMS, proporciona un marco sólido para abogar por una mayor inversión en esta área a nivel nacional en Latinoamérica (OPS, 2019).

Resultados

Al hacer un análisis comparativo de los modelos de financiamiento estatal para partidos políticos y la actividad física y deportes en Latinoamérica, se observa tanto similitudes como diferencias fundamentales. La principal similitud radica en la presencia de financiamiento público en ambos sectores y, en algunos casos, la participación del sector privado a través de donaciones o patrocinios. Sin embargo, una diferencia crucial en el caso de Chile es la naturaleza del financiamiento: mientras que los partidos políticos disfrutan de un flujo de recursos estable y predecible (Aninat y González, 2014), vinculado con su desempeño electoral, las organizaciones deportivas se enfrentan a un panorama de financiamiento más precario y dependiente de la competencia por fondos limitados. Existiendo una clara disparidad de recursos entregados, dejando en claro que los efectos e incidencia en la sociedad son discutibles para ambos casos respecto del financiamiento estatal, tal y como lo demuestra la Tabla 5, en donde se obtienen para el ciclo 2020-2023, diferenciales entre 3,75 y hasta 33,93 veces de financiamiento para partidos políticos por sobre financiamiento para Deporte por intermedio del Fondo Nacional del Deporte.

Tabla 5. Tendencia de financiamiento estatal por serie temporal 2020-2023 y diferencia producida (Chile)

Fuente: elaboración propia con base en datos extraídos de DIPRES Chile (2005) y Libertad y Desarrollo, Informe n.°1647-2, 4 de julio de 2024.

A nivel latinoamericano, se aprecia una mayor diversidad en los modelos de financiamiento deportivo en comparación con los sistemas más formalizados y ligados con resultados electorales que caracterizan el financiamiento político. Este último a menudo tiene criterios de distribución más formalizados y ligados con resultados electorales (OEA, 2008), mientras que el financiamiento deportivo puede ser más discrecional o basado en proyectos específicos, lo cual haría más compleja la distribución de fondos si no es bajo una lógica de estandarización de gastos respecto de la presentación de Planes de Trabajo Estructurales de Funcionamiento anual, buscando así que los recursos se ajustasen para sus realidades particulares y favoreciendo a su vez y al igual que los partidos políticos la captación de fuerzas vivas dentro de sus registros societarios para incrementar así las remesas de dinero para garantizar su funcionamiento. Como lo plantea la OEA (2008) la conexión directa entre el financiamiento de los partidos políticos y el éxito electoral en muchos países latinoamericanos crea un fuerte incentivo para la participación política, un modelo que no se replica en el sector de actividad física y el deportivo, lo que podría generar la percepción de que los logros a nivel de hábitos de vida sana, salud, bienestar y atléticos son menos valorados por el Estado.

A razón de lo anterior se identifican varias problemáticas comunes y específicas en ambos modelos de financiamiento. En el sector deportivo chileno, la falta de estabilidad en el financiamiento, en contraste con la permanencia y garantía de financiamiento político bajo ley, representa un desafío significativo. Existen desigualdades en el acceso a los fondos concursables para las diversas organizaciones deportivas, favoreciendo potencialmente a aquellas con mayor capacidad administrativa. Además, se puede cuestionar asimismo la asignación actual de recursos, ya que no refleja adecuadamente la importancia relativa de ambos sectores para la sociedad. Tanto en el financiamiento de partidos políticos como en el de actividad física y deportes, la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos son aspectos vitales, existiendo mecanismos en ambos sectores bajo el amparo de leyes; sin embargo, persiste el riesgo de corrupción o uso indebido de fondos en ambos. La potencial influencia política en la asignación de fondos, tanto para partidos como para la actividad física y los deportes por intermedio de las organizaciones deportivas, es una preocupación común que requiere mecanismos de supervisión robustos para asegurar que los recursos se utilicen de manera efectiva y para los fines previstos (Náquira Riveros y Salim-Hanna S., 2021).

La posible competencia por recursos limitados dentro del presupuesto estatal subraya la importancia de establecer prioridades claras y estratégicas por intermedio de diversas políticas públicas deportivas a nivel gubernamental, como así esfuerzos legislativos para mejorar las condiciones propias y de importancia social que mantienen las organizaciones deportivas, para que reflejen el valor intrínseco de la actividad física y el deporte para la sociedad.

Discusión

La experiencia de Chile, con su sistema de financiamiento permanente para partidos políticos y fondos concursables para la actividad física y el deporte, ofrece valiosas lecciones para otros países latinoamericanos. La estabilidad financiera que proporciona el financiamiento basal a los partidos políticos podría ser un modelo para considerar en el sector deportivo, aunque adaptado a sus particularidades y objetivos. La experiencia de países como Brasil y Cuba, que han implementado asignaciones presupuestarias directas para el deporte, podría ofrecer alternativas para lograr una mayor estabilidad financiera. Asimismo, las estrategias de incentivos fiscales para la inversión privada en deporte, como las existentes en Chile y México, podrían fortalecer el financiamiento del sector deportivo. Es fundamental aprender de los debates y las reformas que se han dado en el financiamiento político para evitar posibles problemas en la implementación de nuevos modelos para el deporte, siendo necesario que, en ambos sectores, es crucial establecer criterios claros y transparentes para la asignación de fondos, así como mecanismos robustos de rendición de cuentas.

Para fortalecer el financiamiento de la actividad física y el deporte desde las organizaciones deportivas principalmente como fuente basal de desarrollo comunitario y social en Latinoamérica, se pueden explorar varias propuestas de política pública. Una de ellas es la posibilidad de establecer fondos específicos o asignaciones presupuestarias directas para la actividad física y el deporte en particular vía transferencias directas a las organizaciones deportivas, que complementen los fondos concursables existentes. Mejorar la accesibilidad y la equidad de los fondos concursables, brindando apoyo técnico a organizaciones más pequeñas para la elaboración de sus proyectos y planes anuales de trabajo, siendo esto un puente de comunicación efectivo a nivel de gobierno comunal (municipalidades) con las organizaciones deportivas, asumiendo así un rol activo respecto del ordenamiento, desarrollo, crecimiento, asesoramiento y apoyo para la viabilidad y sostenibilidad a través del tiempo; siendo fuente vital para el cumplimiento de políticas públicas deportivas previstas a nivel de nación. Por otra parte, al aumentar la periodicidad y la previsibilidad de las convocatorias de fondos concursables permitiría a las organizaciones deportivas planificar a largo plazo con mayor certeza. Sumado a esto, el promover una mayor inversión privada a través de incentivos fiscales más amplios y efectivos como lo hace México, Argentina o Colombia al presentar mixturas dentro de las alternativas de financiamiento para la actividad física y el deporte, y fomentar la colaboración entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil para el financiamiento de proyectos deportivos mediante modelos de financiamiento participativo como por ejemplo el crowfunding permitiría una sinergia favorecedora de escalamiento organizacional, ya que entre diversos entes podrían generar un mayor impacto social con iniciativas de mejor factura, alcance y desarrollo (Kościółek, 2023; Krupa et al., 2020). Finalmente, y como otra alternativa coadyuvante a este ecosistema de financiamiento de la actividad física y el deporte, se podría considerar la creación de un fondo permanente para el deporte, similar al financiamiento basal de los partidos políticos que mantiene Argentina, aunque con criterios de acceso y rendimiento diferentes, que reconozcan la importancia del deporte para la salud pública, el desarrollo social e inclusive la identidad nacional.

Para lograr una priorización estratégica a nivel estatal, se puede recomendar realizar un análisis secular exhaustivo del impacto social y económico de la actividad física y el deporte en comparación con el rol de los partidos políticos, con el objetivo de informar las decisiones de asignación de recursos. Es fundamental desarrollar políticas públicas nacionales de financiamiento para la actividad física y el deporte que establezcan objetivos claros y mecanismos de asignación de recursos a largo plazo a nivel de todas sus dimensiones y actores. Además, vincular una parte de ese financiamiento a indicadores concretos de salud pública y desarrollo social, incentivando así la consecución de resultados tangibles en estas áreas promoviendo una mayor conciencia pública sobre la importancia de la actividad física y el deporte para la sociedad en su conjunto siendo con esto crucial para generar apoyo necesario para la instauración de un mayor financiamiento del sector cruzando la línea del bienestar hacia la de la salud pública como eje normativo base. Esencial es establecer mecanismos de evaluación rigurosos del impacto de estos fondos para asegurar su uso eficiente y efectivo, maximizando así los beneficios para la sociedad (Alarcón et al., 2021), y generando insumos tendientes a generar más y mejores políticas públicas no solo a nivel de actividad física y deporte, sino que permitan envolver hacia otros aspectos de índole social como la salud, el medio ambiente, la habitabilidad urbana, etc.

Conclusiones

El análisis comparativo de los modelos de financiamiento estatal para partidos políticos y actividad física y deporte en Latinoamérica, con base en el caso chileno, revela diferencias significativas en la estabilidad y la naturaleza de los recursos asignados para el financiamiento de distintos actores de la sociedad civil. En el caso chileno, mientras los partidos políticos gozan de un financiamiento permanente y proporcional a su representación electoral, las organizaciones deportivas dependen mayoritariamente de fondos concursables, lo que genera incertidumbre y posibles desigualdades para su desarrollo y ciclo de vida. La evidencia examinada subraya la importancia fundamental de la actividad física y el deporte para la salud pública, el desarrollo social, la prevención de enfermedades y la conformación de hábitos de vida sana que impliquen un bienestar a los individuos a lo largo de su ciclo vital, argumentando a favor de una priorización estratégica de financiamiento permanente a nivel estatal. La experiencia comparada en Latinoamérica muestra una diversidad de modelos de financiamiento (Tabla 4), con algunos países implementando asignaciones directas y otros incentivando la inversión privada; como así reflejando la mixtura de mecanismos para la implementación de políticas públicas y el libre desarrollo de las organizaciones deportivas, mostrando que no existe una fórmula plenamente efectiva, sino que se debe tanto a niveles de progreso social, como así de impacto en la formulación de las políticas públicas que permiten la generación de instancias para el desarrollo de la actividad física y el deporte; sean estas directas o tangenciales. Con esto se concluye que existe una necesidad de explorar modelos de financiamiento mixtos, más equilibrados y estratégicos para la actividad física y el deporte en Latinoamérica, que reflejen su contribución esencial al bienestar integral de la sociedad, evitando con esto las inequidades sociales que a la postre disminuyen el acervo social, de identificación y pertenencia, soslayando la esencia de las comunidades, creando sentidos de injusticia respecto de otros actores vitales del tejido social como lo son los partidos políticos.

Particularmente atendiendo la situación de Chile, queda a la vista el efecto pernicioso de financiamiento estatal por vía de concursabilidad, dejando solo un margen de transferencia discrecional y direccionado que no llega de forma concreta a las organizaciones deportivas de base, lo cual impide que desarrollen estas sus propios planes de trabajo, puedan administrar esos recursos de la forma más eficiente y estimulen con eso a tener un marco societario más amplio y robusto al tener garantizado financiamiento para sus actividades anuales, proyectando así también una especialización dirigencial, un compromiso comunitario y una solvencia para enfrentar desafíos propios de su ámbito de acción especialmente abarcando hábitos de vida sana, salud pública y comunitaria, y formación deportiva mejorando así el tejido social basal en la comunidad. Efectos que, al contrario, y a nivel de partidos políticos, a estos se les permite enfrentar una vida comunitaria amplia, segura y determinante para establecer sus lineamientos y preceptos, participando así de buena forma con acciones cotidianas en procesos eleccionarios, convocatorias públicas, posicionamiento e instalación en el mundo público, como así mejorando el funcionamiento dentro de sus labores administrativas y financieras gracias a mantener financiamiento estatal permanente.

Existe una percepción de que el financiamiento destinado a los partidos políticos podría estar sobredimensionado en relación con la inversión en áreas fundamentales como la salud pública y el desarrollo social a través del deporte. Esta situación plantea la necesidad de un debate público informado sobre la asignación óptima de los recursos estatales con el objetivo de maximizar el bienestar social general.

La carencia de políticas públicas claras en este aspecto impide que el desarrollo de la sociedad en aspectos como la salud y el bienestar por intermedio de la actividad física y el deporte se vea relegado a una opción de vida, la cual mantendría dependencia de intereses particulares de los individuos por sobre el interés social o mayor que debiese promover un Estado y por ende un gobierno. Pese a que a la fecha existen ciertos intentos de construcción de política pública con una bajada hasta las organizaciones de base, este tipo de iniciativas solo mantienen un efecto parcial y acotado hacia algunos aspectos en los cuales efectivamente puede incidir, ya sea por nivel de impacto, margen presupuestario o simplemente por incapacidad interna de poder concretar las tareas previstas a cumplir, para la búsqueda de los indicadores planteados.

Referencias bibliográficas

Aedo, J.; Oñate, E., Jaime, M. y Salazar, C. (2020). Capital social y bienestar subjetivo: un estudio del rol de la participación en organizaciones sociales en la satisfacción con la vida y felicidad en ciudades chilenas. Revista de Análisis Económico, 35, 55-74. DOI: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-88702020000100055.

Alabarces, P. (2015). Deporte y sociedad en América Latina: un campo reciente, una agenda en construcción. Anales de Antropología, 49(1). DOI: https://doi.org/10.1016/s0185-1225(15)71643-7.

Alarcón, A. C.; Del Pilar, G., Alvarado, P., Venancio, T., Gonzales, P., Saavedra, R. V. y Vallejo, U. C. (2021). Gasto público en el crecimiento económico. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 5(2), 1773-1784. DOI: https://doi.org/10.37811/CL_RCM.V5I2.381.

Almagro, L.; Méndez, N. y Guerrero, F. (2025). Political-electoral financing systems in the Americas: A Perspective from OAS Electoral Observation Missions (2017-2021) (1^a edición). Editado por B. Santamaria. General Secretariat of the Organization of American States. Recuperado de: https://www.oas.org/ext/DesktopModules/MVC/OASDnnModules/Views/Item/Download.aspx?type=1&id=1219&lang=1

Al-Maskari, F. (2020). Enfermedades relacionadas con el estilo de vida: una carga económica para los servicios de salud. Organización de Naciones Unidas. Recuperado de: https://www.un.org/es/chronicle/article/enfermedades-relacionadascon-el-estilo-de-vida-una-carga-economica-para-los-servicios-de-salud

Álvarez De La Torre, J. y Rodríguez-Toubes Muñiz, D. (2013). Riesgo y percepción en el desarrollo de la imagen turística de Brasil ante los megaeventos deportivos. Pasos, revista de turismo y patrimonio cultural [en línea], 11, 147-154. Recuperado de: www.pasosonline.org.

Andradas Aragonés, E., Merino Merino, B., Campos Esteban, P., Justo Gil, S., Gil Luciano, A., Zuza Santacilia, I., Terol Claramonte, M. y Santaolaya Cesteros, M. (2015). Actividad física para la salud y reducción del sedentarismo. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Recuperado de: https://recs.es/wp-content/uploads/2017/05/Recomendaciones_ActivFisica_para_la_Salud-1.pdf

Aninat, I. y González, R. (2014). Financiamiento permanente no electoral de los partidos políticos. Recuperado de: https://static.cepchile.cl/uploads/cepchile/2022/09/PPP_002_IAninat-RGonzalez.pdf.

Asamblea Nacional Constituyente de Honduras (1982) Constitución de la República de Honduras. Recuperado de: https://honduras.justia.com/federales/constitucion-politica-de-la-republica-de-honduras-de-1982/

Bailey, R. (2006). Physical education and sport in schools: A review of benefits and outcomes. Journal of School Health, 76(8). DOI: https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2006.00132.x.

Barreda, M. y Ruiz Rodríguez, L. M. (2022). ‘Think tanks’ y partidos políticos: relevancia estratégica en América Latina. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, 0(36). DOI: https://doi.org/10.7238/idp.v0i36.400673.

Barrera Medina, D. R.; Montaño Escobar, E. y Cuero Caicedo, F. B. (2023). Educación y bienestar social: el papel del deporte y lo social. Código Científico. Revista de Investigación, 4(2). DOI: https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v4/n2/268.

BCN (2014). Donaciones con fines deportivos: regulación. Recuperado de: http://www.bcn.cl/asesoriatecnicaparlamentaria/detalle_documento.html?id=25341.

Bennasar-García, M. I. y Silva Suniaga, M. A. (2024). Educación física de calidad: realidad en América Latina. MENTOR. Revista de investigación educativa y deportiva, 3(7). DOI: https://doi.org/10.56200/mried.v3i7.7253.

CEPAL (2007). Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe (1^a edición). Organización de Naciones Unidas. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/1e3b997b-2ec9-49be-903a-0ef9b797d5a8/content

Chávez, A. A. y López Montes, E. (2017). Deporte, salud y calidad de vida. Espí­ritu Emprendedor TES, 1(1). DOI: https://doi.org/10.33970/eetes.v1.n1.2017.6.

Congreso de la Nación Argentina (2007). Ley 26.215, de Financiamiento de los partidos políticos. InfoLeg. Recuperado de: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124231/texact.htm

Cuero, C. (2023). Las enfermedades no transmisibles, un problema de gran magnitud en nuestra América y el mundo. Revista Médica de Panamá - ISSN 2412-642X. DOI: https://doi.org/10.37980/im.journal.rmdp.20232233.

Dieter, N. (2013). El método comparativo. En Ciencia política comparada el enfoque histórico-empírico (1^a edición). Pp. 112-126. Editorial Universidad de Granada.

Eime, R. M.; Young, J. A., Harvey, J. T., Charity, M. J. y Payne, W. R. (2013). A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents: Informing development of a conceptual model of health through sport. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10. DOI: https://doi.org/10.1186/1479-5868-10-98.

Esteban, J. y Ray, D. (2006). Inequality, lobbying, and resource allocation. American Economic Review, 96(1). DOI: https://doi.org/10.1257/000282806776157533.

Favila Tello, Dr. A. y Navarro Chávez, Dr. J. C. L. (2017). Desigualdad educativa y su relación con la distribución del ingreso en los estados mexicanos. CPU-e, Revista de Investigación Educativa, 24. DOI: https://doi.org/10.25009/cpue.v0i24.2404.

Flores Fernández, Z. (2019). La cultura física y la práctica del deporte en México. Un derecho social complejo. Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 1(40). DOI: https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2019.40.13232.

Fontanini, G. (2022). El control social como sustento de instituciones estatales sólidas, inclusivas y transparentes. XXV Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Recuperado de: https://www.youtube.com/live/zXHtuIPuFyU?si=hlVIrl6v5o5Q0vpO

Gobierno Nacional de Colombia. (2010). Cuadro comparativo sobre financiación de la política en Latinoamérica. Recuperado de: https://bapp.com.co/archivos/1.01.0076.pdf.

Gómez, S.; Opazo, M. y Martí, C. (2007). Características estructurales de las Organizaciones Deportivas. IESE Business School – Universidad de Navarra, DI N°704. Recuperado de: https://media.iese.edu/research/pdfs/DI-0704.pdf#:~:text=IESE%20Business%20School%2DUniversidad%20de%20Navarra%20%2D%205,caracter%C3%ADsticas%20para%20cada%20una%20de%20estas%20organizaciones.

Guzmán, J. G. (2025). Impacto de la economía del deporte en Colombia. Fundación Universidad de América. Recuperado de: https://repository.uamerica.edu.co/items/7422aacd-a500-42ae-987d-3750f4bb9eb5

Hayes, S. C.; Newton, R. U., Spence, R. R. y Galvão, D. A. (2023). Declaración de consenso de la organización ejercicio y ciencias del deporte - Australia: el ejercicio como medicina en el manejo del cáncer. Pensar en movimiento. Revista de ciencias del ejercicio y la salud, 21(2). DOI: https://doi.org/10.15517/pensarmov.v21i2.57059.

Hidrobo Coello, J. F. (2020). Actividad física para pacientes con diagnóstico de cáncer. Guía de prescripción deportiva para Ecuador. Revista Iberoamericana de Ciencias de La Actividad Física y El Deporte, 9(3). DOI: https://doi.org/10.24310/riccafd.2020.v9i3.10100.

Instituto LyD. (2024). Financiamiento Electoral: El eslabón perdido de la necesaria reforma al sistema político. Temas Públicos n.^o 1647-2. Recuperado de: https://lyd.org/wp-content/uploads/2024/07/TP-1647-FINANCIAMIENTO-DE-LA-POLITICA.pdf.

Jara, O.; Rivera, L. y Zambaglione, D. (2024). El deporte también es cuestión de Estado en Argentina. Las políticas públicas deportivas entre 2019 y 2023. SaDe-REVISTA DE CIENCIAS DE LA SALUD Y EL DEPORTE, 0(4). Recuperado de: https://publicaciones.unpaz.edu.ar/OJS/index.php/sade/article/view/1708.

Jordana, J. (2007). Producción y percepción de bienes públicos en la lógica de la acción colectiva. Revista Internacional de Sociología, 65(46), 37-61. DOI: https://doi.org/10.3989/ris.2007.i46.3.

Kasperski, M. D. (1999). Nonprofits and government: Collaboration and conflict. Choice Reviews Online, 37(04). DOI: https://doi.org/10.5860/choice.37-2443.

Kościółek, S. (2023). Equity Crowdfunding in Sports Clubs: Consumer-Oriented Strategic Marketing. En Equity Crowdfunding in Sports Clubs: Consumer-Oriented Strategic Marketing. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003320623.

Krupa, D.; Walczak, D. y Żołądkiewicz-Kuzioła, A. (2020). Crowdfunding in financing sport activities. Journal of Physical Education and Sport, 20. DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2020.s5402.

Liu, N. y Zhong, Q. (2023). The impact of sports participation on individuals’ subjective well-being: the mediating role of class identity and health. Humanities and Social Sciences Communications, 10(1). DOI: https://doi.org/10.1057/s41599-023-02064-4.

López, N. (2005). Equidad educativa y desigualdad social. Desafíos de la educación en el nuevo escenario latinoamericano. IPE – UNESCO, Buenos Aires. Rescatado de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142599.locale=es

López-Köstner, F. y Zarate, A. J. C. (2012). El deporte y la actividad física en la prevención del cáncer. Revista Médica Clínica Las Condes, 23(3). DOI: https://doi.org/10.1016/s0716-8640(12)70309-7.

Magaldi de Sousa, M. (2016). El largo camino de Brasil hacia los Juegos Olímpicos de Río 2016: ¿del optimismo a la desesperanza y de regreso? Foreign Affairs Latinoamerica, 16(2), 104+. Recuperado de: https://link.gale.com/apps/doc/A683985474/AONE?u=anon~c5d41682&sid=googleScholar&xid=2908a6ef.

Mamani Ortiz, Y.; Armaza Céspedes, A., Medina Bustos, M., Luizaga López, J. M., Abasto Gonzales, D. S., Argote Omonte, M., Omonte Rocha, V., Zambrana Vera, A. e Illanes Velarde, D. E. (2020). Caracterización del perfil epidemiológico del síndrome metabólico y factores de riesgo asociados. Gaceta Médica Boliviana, 41(2). Cochabamba, Bolivia. DOI: https://doi.org/10.47993/gmb.v41i2.133.

Mendilow, J. y Phélippeau, E. (2018). Handbook of political party funding. En Handbook of Political Party Funding. DOI: https://doi.org/10.4337/9781785367977.

Michels, R. (1982). Sociologia dos partidos políticos. En Sociologia dos Partidos Políticos. Universidade do Brasilia.

Ministerio del Deporte de Chile (6 de mayo de 2025). Postulación al registro de proyectos deportivos susceptibles de donación. Recuperado de: https://ind.cl/registro-de-proyectos-deportivos-susceptibles-de-donacion/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20Franquicia%20Tributaria,el%20deporte%20y%20la%20recreaci%C3%B3n.

Ministerio del Deporte de Chile (2016). Política nacional de actividad física y deporte 2016-2025 (1ª edición). Ministerio del Deporte. Recuperado de: https://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/380.

Monjas Aguado, R.; Ponce Garzarán, A. y Gea Fernández, J. M. (2015). La transmisión de valores a través del deporte. Deporte escolar y deporte federado: relaciones, puentes y posibles trasferencias. Retos, 28, 276-284. Recuperado de: www.retos.org.

Montero Herrera, B. y Carazo Vargas, P. (2019). Beneficios de la práctica mental en la práctica deportiva. Apunts Educación Física y Deportes, 135, 82-99. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/1).135.06.

Mustieles Granell, F.; Petzold-Rodríguez, A., Gilarranz Runge, C. y Schumacher González, M. (2023). Ciudades: sedentarismo y obesidad. Inter disciplina, 11(31). DOI: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.31.83500.

Náquira Riveros, J. y Salim-Hanna S., R. (2021). De la corrupción en los procesos electorales y de los partidos políticos: marco jurídico-penal en Chile. En L. Morillas Cueva e I. F. Benítez Ortúzar (eds.). Respuestas jurídicas frente a la corrupción política (ensayos penales) (1ª edición). Pp. 803-825. Dykinson. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv1s7chh4

OEA (2008). Política, dinero y poder. Un dilema para las democracias de las Américas (1ª edición). Fondo de Cultura Económica. Recuperado de: https://www.oas.org/es/sap/docs/oea_poliit_dinero_poder_s.pdf

OMS (2020). Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios. Journal of Chemical Information and Modeling, 1(9). Recuperado de: https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240014886.

ONU Mujeres (2024). Hacia la democratización del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en América Latina. DOI: https://doi: https://core.ac.uk/download/228085430.pdflac.unwomen.org/es/digital-library/publications/2024/12/hacia-la-democratizacion-del-financiamiento-de-los-partidos-politicos-en-america-latina.

OPS (2019). Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030. Recuperado de: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf.

OPS (2020). “No hay salud sin salud mental” - OPS/OMS. Organización Panamericana de la Salud. Recuperado de: https://www.paho.org/es/noticias/8-10-2020-no-hay-salud-sin-salud-mental

OPS/OMS (2014). Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Recuperado de: https://iris.paho.org/handle/10665.2/49139

Pérez, B. M. (2014). Salud: entre la actividad física y el sedentarismo. Health: Between Physical Activity and Sedentariness, 27(1). Recuperado de: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-07522014000100017

Pérez-Flores, A. M. y Muñoz-Sánchez, V. M. (2018). Deporte, cultura y sociedad: un estado actual de la cuestión. Revista de Humanidades, 34. DOI: https://doi.org/10.5944/rdh.34.2018.21881.

Periago, M. R. (2005). La salud mental: una prioridad de salud pública en las Américas. Revista Panamericana de Salud Pública, 18, 4-5. DOI: https://doi.org/10.1590/s1020-49892005000900001.

Pfleiderer, E.; Dragone, B. y Mitchell, L. (2020). Modeling Circular Urban Metabolism in Santiago de Chile. University of Michigan. Recuperado de: https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/163335

Ramos Rollón, M. L. (1998). La financiación de los partidos políticos en América Latina: Estado actual y propuestas de reforma. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 102, 321-337. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/27507.pdf

República de Chile (2001). Ley 19.712, del deporte. Recuperado de: https://bcn.cl/24laq.

República de Chile (2017). DFL 3, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. DFL, 3. Recuperado de: https://bcn.cl/28h0n.

República de Chile (2021). Ley 20.900, para el fortalecimiento y transparencia de la democracia. Recuperado de: https://bcn.cl/28h0n.

República Dominicana (1997). Ley Electoral de la República Dominicana, 275-97. Recuperado de: https://pdba.georgetown.edu/Electoral/DomRep/leyelectoral.pdf.

Rowland, M. (2003). Análisis comparativo sobre financiamiento de campañas y partidos políticos en Ecuador. Recuperado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1593/30.pdf.

Souza-Lima, J.; Muñoz-Strale, C., Giakoni-Ramírez, F., Yáñez-Sepúlveda, R., Duclos-Bastias, D., Olivares-Arancibia, J., Cortés-Roco, G. y Valdivia-Moral, P. (2025). El financiamiento estratégico deportivo de Chile: una retrospectiva de 18 años (2006-2024). Retos, 63, 472-481. DOI: https://doi.org/10.47197/retos.v63.110277.

Stokes, S. (2004). Partidos políticos y democracia. Studia politicae, (3). Pp 9-48 Recuperado de: https://www.scribd.com/document/150874555/Resumen-S-C-Stokes-2004-Partidos-politicos-y-democracia

Szczepaniak, M. (2020). Public sport policies and health: Comparative analysis across European union countries. Journal of Physical Education and Sport, 20. DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2020.s2142.

Temko, E. J. (2019). Navigating the path to presence: ideology, politics, and the campaign forgender balanced board and commissions in Iowa. University of New Hampshire. Recuperado de: https://scholars.unh.edu/dissertation/2462.

Toala León, Y. A.; León Baque, M. J. y Pin Pin, Á. L. (2023). Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y sus factores de riesgo en adultos de Latinoamérica. MQRInvestigar, 7(1). DOI: https://doi.org/10.56048/mqr20225.7.1.2023.742-763.

UDD - CIPEM (2024). Actividad física de la población: el contexto latinoamericano y el caso chileno. Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo. Recuperado de: https://gobierno.udd.cl/noticias/2024/01/informe-cipem-jovenes-en-chile-presentan-preocupante-tasa-de-inactividad-fisica-del-87/

Ventura Suclupe, A. del P. y Zevallos Cotrina, A. D. R. (2019). Estilos de vida: alimentación, actividad física, descanso y sueño de los adultos mayores atendidos en establecimientos del primer nivel, Lambayeque, 2017. ACC CIETNA: Revista de La Escuela de Enfermería, 6(1). DOI: https://doi.org/10.35383/cietna.v6i1.218.

Woods, C. B.; Volf, K., Kelly, L., Casey, B., Gelius, P., Messing, S., Forberger, S., Lakerveld, J., Zukowska, J. y Bengoechea, E. G. (2021). The evidence for the impact of policy on physical activity outcomes within the school setting: A systematic review. Journal of Sport and Health Science, 10(3). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jshs.2021.01.006.

Zhang, M.-K. (2016). Research on PPP Financing Model of Ecological Compensation. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icesame-16.2016.221.